
El juicio por el caso Erial continúa avanzando, y la figura central de la controversia, el ex ministro y ex presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, está aprendiendo de manera dura que las lealtades pueden ser volátiles en la vida política. Algunos de sus antiguos colaboradores más cercanos están ofreciendo testimonios que ponen en tela de juicio su integridad y honestidad, lo que complica su defensa en este escándalo de corrupción.
La acusación principal en el caso Erial es que Zaplana orquestó un sistema de amañar concursos públicos para favorecer a ciertas empresas a cambio de sobornos. Dos de sus antiguos colaboradores cercanos, Joaquín Barceló y Juan Francisco García, han admitido su participación en este esquema de corrupción y han señalado a Zaplana como el instigador.
Barceló, amigo de la infancia de Zaplana, fue el primero en admitir su papel como testaferro de Zaplana. Más recientemente, García, quien fuera mano derecha y ex jefe de gabinete de Zaplana, también ha confesado su participación en el amañamiento de concursos públicos. García apuntó a Zaplana como cómplice en un pacto con el clan Cotino para favorecer a su empresa, Sedesa.
Zaplana, por su parte, ha negado vehementemente estas acusaciones. En una declaración reciente, afirmó que él y Cotino no se llevaban bien, en un intento por distanciarse del clan Cotino y desvincularse del esquema de corrupción que se le atribuye.
Uno de los aspectos más controvertidos de este caso es el supuesto amañamiento de la privatización de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) valenciana. Según García, las condiciones de este concurso público se pactaron con los Cotino a petición de Juan Cotino, entonces director general de la Policía y miembro del clan Cotino.
Zaplana, sin embargo, ha rechazado estas acusaciones. En una reciente comparecencia ante la Audiencia Provincial de Valencia, insistió en que su relación con el clan Cotino estaba rota en el momento en que supuestamente se llevó a cabo este amañamiento. Además, enfatizó que su enfrentamiento con Francisco Camps, ex presidente de la Generalitat Valenciana y aliado de los Cotino, era de conocimiento público.
De este modo, Zaplana intenta presentar los testimonios de Barceló y García como fabricaciones maliciosas. Según él, sus agendas demostrarán que no tuvo ninguna reunión con García y Juan Cotino en la fecha en que supuestamente se acordó el amañamiento del concurso ITV.
A pesar de los intentos de Zaplana por desacreditar a sus antiguos colaboradores, las confesiones de estos y de otros implicados en el caso complican su defensa. Vicente Cotino, sobrino de Juan Cotino y empresario, también admitió el amañamiento del concurso de las ITV a cambio de sobornos.
La tarea de Zaplana es ahora desmontar las acusaciones de sus antiguos colaboradores y aliados y convencer al tribunal de su inocencia. La resolución del caso Erial, con todas sus ramificaciones y personajes implicados, es una prueba de la integridad y la transparencia del sistema político y judicial español.