
Este miércoles, la Junta de Fiscales de Sala, que constituye la cúspide del Ministerio Público, abordará un debate fundamental: si es necesario, o no, llevar a cabo una investigación preliminar para determinar quiénes, dentro de la institución, han sido los responsables de filtrar datos confidenciales. Estos datos pertenecen al pacto de conformidad que el letrado del novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, estaba negociando con la Fiscalía Provincial de Madrid.
La fiscal a cargo del caso, María de la O Silva, sostiene que se deben realizar diligencias “mínimas” para esclarecer “la intervención de los querellados en los hechos denunciados”. Con estas medidas se busca “la verdad material” para, posteriormente, valorar la relevancia penal de los hechos y decidir si el Tribunal Superior de Justicia de Madrid debe permitir o no la querella interpuesta por la pareja de Ayuso contra la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de Delitos Económicos, Julián Salto. Ambos están acusados de un delito de revelación de secretos.
La teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ordenó a Silva que emitiera un informe en contra de la admisión de la citada querella. Sin embargo, Silva, no estando de acuerdo, invocó el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, dando lugar a un pronunciamiento (preceptivo pero no vinculante) del generalato de la Fiscalía.
La Junta de Fiscales de Sala está compuesta por los fiscales de la máxima categoría de la Carrera Fiscal. En los últimos años, ha sufrido un giro ideológico debido a la política de nombramientos llevada a cabo por la ex fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y su sucesor, Álvaro García Ortiz. Actualmente, la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación a la que pertenecen Delgado y García Ortiz, tiene una representación inédita en el generalato de la Fiscalía. Actualmente, la UPF está compuesta por unos 240-250 fiscales de los aproximadamente 2.700 que conforman la Carrera Fiscal. Sin embargo, 17 de los 37 fiscales de Sala que existen actualmente son miembros de la UPF.
Esta situación hace previsible que la teniente fiscal, también miembro de la UPF, obtenga el respaldo de la mayoría de los fiscales de Sala. Sin embargo, esta circunstancia no impedirá que haya un profundo debate en torno a la última controversia protagonizada por la Fiscalía liderada por García Ortiz.
Distintos fiscales de Sala, tanto progresistas como conservadores, consultados por EL MUNDO, confiesan sentirse avergonzados de que “el gabinete de prensa de la Fiscalía actúe como el de un partido político” en un caso que sirvió al Gobierno de Pedro Sánchez para arremeter contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. No hay precedentes de una nota como la que emitió la Fiscalía Provincial de Madrid sobre el pacto de conformidad con el empresario Alberto González Amador.
Por otro lado, en el debate técnico, existe un grupo de fiscales mayoritario que cree que no se ha cometido un delito de revelación de secretos, ya que el contenido de los distintos correos electrónicos fue publicado previamente por distintos medios de comunicación. Otro sector, minoritario, defenderá que, al no poder descartarse los indicios de un delito de revelación de secretos, es deber del Ministerio Fiscal investigar los hechos y tratar de depurar responsabilidades.
Estos hechos han generado una nueva polémica en el seno de la Fiscalía. En el informe en el que planteó el artículo 27, María de la O Silva relató las “presiones” en las reuniones mantenidas en la Fiscalía para abordar este asunto. Silva explicó que en la primera de estas tres reuniones fue convocada por el secretario del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, aunque finalmente la cita estuvo dirigida por la jefa de la Secretaría Técnica, Ana Isabel García León.
La postura de la teniente fiscal es que “la práctica de la diligencia propuesta resultaba objetivamente inútil” por no integrar el contenido de la nota informativa “ningún tipo delictivo”. Sánchez Conde consideró que recabar las comunicaciones intercambiadas entre los fiscales “no resultaba conveniente” y, además, “sentaba un grave precedente para una institución como el Ministerio Fiscal”.