
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha pronunciado esta semana una frase que ha resonado en todo el país: la Fundación Francisco Franco se encuentra en sus «últimos días». No obstante, Torres ha matizado que el objetivo del Gobierno no es ilegalizar la fundación, sino «extinguirla».
«Nosotros no ilegalizamos la fundación, lo que hacemos es extinguirla», declaró Torres en una entrevista en la cadena Ser, recogida por Europa Press. «Si una fundación, un espacio, un lugar, rememora, homenajea, vanagloria a alguien que fue represor, no tiene ningún sentido dentro de la democracia», añadió el ministro, confirmando que se avecinan los «últimos días» de la Fundación Francisco Franco.
Ya en febrero, Torres insinuó que el Gobierno haría «lo que tenga que hacer» para ilegalizar esta fundación, aunque evitó concretar fechas de cuándo se llevará a cabo esta acción. En cuanto a los cambios que la fundación está implementando para adaptarse a la ley de Memoria Democrática, Torres cree que «no» van a poder eludir la norma.
En la misma entrevista, Torres anunció los próximos pasos del Gobierno en materia de Memoria Democrática. En particular, será el martes 23 cuando su ministerio presentará al Consejo de Ministros la composición de tres comisiones y otras medidas relacionadas con el Valle de Cuelgamuros.
Torres enfatizó que desde el Gobierno «tienen que cumplir unos plazos» y su intención es mantener el espíritu de la «verdadera concordia». Criticó a algunas comunidades como Aragón, que habla de una ley de concordia pero que ha retirado el mapa de fosas.
Reparación económica a las familias es otra de las cuestiones que se tratarán en el próximo Consejo de Ministros. Entre las comisiones que se presentarán está, por ejemplo, la de restauración del pueblo gitano y una de restauración económica para los familiares de las víctimas del bando republicano, porque «el otro bando fue recompensado».
«Los que llegaban al Valle de Cuelgamuros, si eran del bando nacional, iban en una caja con su nombre y venían de un cementerio y se lo decían a la familia. Si eran del bando republicano, venían a la misma caja 10 o 12 personas mezcladas, eran sacados de una fosa común y nunca se lo decían a los familiares», lamentó Torres.
Estas declaraciones llegan en un momento crucial para el país, con el debate sobre la memoria histórica y la necesidad de reparación a las víctimas de la dictadura cobrando cada vez más fuerza. La posición del Gobierno, articulada por el ministro Torres, destaca la importancia de la memoria democrática para la consolidación de la democracia en España.
El futuro de la Fundación Francisco Franco, de acuerdo con las palabras del ministro, parece estar sellado. La intención de extinguirla, no de ilegalizarla, refleja una estrategia de eliminar los espacios y entidades que glorifican a figuras represivas del pasado. Esto puede interpretarse como un paso hacia la reconciliación y el reconocimiento de las injusticias cometidas durante la dictadura de Franco.
El anuncio de las comisiones que se presentarán al Consejo de Ministros también tiene implicaciones significativas. La comisión de restauración del pueblo gitano y la de reparación económica a las familias de las víctimas del bando republicano representan un reconocimiento oficial de las injusticias y abusos sufridos por estos grupos durante la dictadura.
La crítica de Torres a la retirada del mapa de fosas en Aragón apunta a una discrepancia sobre cómo manejar la memoria histórica. Mientras que el Gobierno parece estar avanzando hacia una mayor transparencia y reconocimiento de las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura, algunas comunidades parecen estar tomando una dirección diferente.
Estas son cuestiones delicadas y emocionales que tocan la esencia de la identidad y la historia de España. La forma en que se manejen y se resuelvan será crucial para el futuro de la memoria histórica del país y su camino hacia la reconciliación.