
El 11 de abril de 2024, cientos de funcionarios de prisiones de toda España se manifestaron en Madrid. Su objetivo principal era pedir la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras el asesinato de Núria, la responsable de cocina de la prisión de Mas d’Enric, en Tarragona. El asesinato fue cometido por un preso que posteriormente se quitó la vida.
«Exigimos dos cosas urgentes en prisiones: la primera es ser reconocidos como agentes de autoridad y la segunda que nos reconozcan como profesión de riesgo«, declara Manuel Galisteo, presidente del sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM), al inicio de la protesta frente al Ministerio de Trabajo.
La manifestación tuvo lugar en Madrid, ya que los funcionarios quieren apelar al Gobierno central, que es el único que puede atender a sus peticiones, empezando por el Ministerio de Trabajo. Antes de la protesta en la capital, el colectivo realizó varias manifestaciones en cárceles de Cataluña, llegando a cortar el acceso a los centros penitenciarios.
Galisteo ha expresado que demandan el cese de todos aquellos mandatarios que tengan «responsabilidades políticas» en relación al asesinato de Núria. Entre ellos, la consejera de Justicia de la Generalitat de Cataluña, Gemma Ubasart, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, y, como «responsable superior», el ministro Fernando Grande-Marlaska.
Los funcionarios, que incluían trabajadores de prisiones de Cataluña, gritaron consignas como «todos somos Núria» y «hasta los cojones de tantas agresiones», y el canto reivindicativo de «funcionarios de prisiones».
Más de un millar de personas secundaron la manifestación, que comenzó a las puertas del Ministerio de Trabajo y se desplazó por un lateral del Paseo de la Castellana hasta llegar al Ministerio del Interior y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. La protesta finalizó junto al Congreso de los Diputados con tres minutos de silencio en recuerdo de Núria.
En la manifestación también se solicitó la cobertura completa de las plantillas. Asistieron familiares de Núria, la trabajadora de 48 años asesinada en un taller de cocina en Tarragona en marzo, para expresar su «indignación» por la «falta de reconocimiento de la tragedia, que sería la dimisión política» en referencia al titular de Interior.
«En primer lugar, no se está haciendo justicia, nadie está asumiendo la responsabilidad política de que se produzca el primer asesinato en las prisiones, no solo de Cataluña, sino de España. Y si realmente hubiese un reconocimiento como figuras de autoridad, como profesión de riesgo, esta tragedia se podría haber evitado», explica Pablo Martínez, familiar de Núria y portavoz de la familia.
Martínez denuncia que «ni la ministra de Trabajo ni el ministro del Interior se hayan pronunciado ante la muerte de una persona en su puesto de trabajo» después de haberse «incumplido la prevención de derechos laborales». «Nadie ha garantizado el derecho de volver vivo a casa», concluye.