
Los supermercados españoles han solicitado al Gobierno más tiempo para demostrar que no están explotando la disminución del IVA en los alimentos para aumentar sus márgenes de beneficio. Esta forma de actuar está explícitamente prohibida en el decreto anticrisis que regula esta medida temporal, implementada para frenar el aumento de la inflación. Según fuentes consultadas por EL MUNDO, varias cadenas han solicitado extender el plazo inicial que el Ministerio de Consumo les había otorgado para presentar las cuentas que demuestren que están aplicando correctamente el descuento fiscal a los clientes.
En febrero pasado, el departamento dirigido por Pablo Bustinduy sorprendió al anunciar una iniciativa que su predecesor, Alberto Garzón, no había implementado hasta la fecha. Las autoridades de Consumo iniciaron una investigación a los principales minoristas del país enviando «requerimientos de información a las cadenas de supermercados para verificar si están aplicando correctamente a los consumidores la reducción del IVA», según el comunicado del Ministerio, que evitó especificar a qué empresas se les había solicitado esta información.
Sin embargo, dos meses después de ese anuncio, la investigación de Consumo aún no ha concluido porque «algunas cadenas han pedido una ampliación de plazo y se les ha concedido», explican fuentes del Ministerio. Aclaran que los plazos pueden suspenderse por varias razones, «dependiendo de las circunstancias que aleguen los operadores económicos a los que se solicitan requerimientos de información». Desde el departamento de Bustinduy avanzan que «todos ya han entregado la información requerida y actualmente se está estudiando».
Paralelamente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene a los supermercados bajo vigilancia. En julio de 2023, publicó un primer informe en el que certificó que las cadenas de distribución estaban trasladando correctamente el IVA reducido a los precios finales, basándose en la información recopilada entre enero y mayo de ese año, es decir, durante los primeros cinco meses de la medida en vigor. Fuentes del Ministerio de Economía informaron a EL MUNDO que el supervisor está trabajando en un nuevo informe de evaluación de la medida actualizada.
Mientras esperamos ese informe, la única referencia estadística disponible para fiscalizar la evolución de los beneficios de las empresas del sector es el observatorio de márgenes empresariales elaborado por el Banco de España. En su última actualización, confirmó que, en el segundo semestre de 2023, los márgenes de venta de la cadena agroalimentaria aumentaron ligeramente, pero con una evolución heterogénea en sus diferentes subsectores. En cambio, los márgenes en el comercio de alimentos han estado disminuyendo desde 2021, sin revertir las contracciones experimentadas durante el shock energético.
Mientras los ministerios de Economía y Consumo mantienen a los supermercados bajo vigilancia para asegurarse de que están trasladando la totalidad del descuento fiscal a los precios finales que pagan los consumidores y no están aprovechando la situación para engordar sus márgenes de beneficio, la industria alimentaria se prepara para pedir al Gobierno que mantenga la rebaja del IVA en los productos básicos, al menos, hasta finales de año. La medida expira el próximo 30 de junio y, cuando llegue el momento, los empresarios transmitirán al Gobierno la necesidad de prorrogarla para ayudar a mantener los precios de la cesta de la compra en el segundo semestre.
Fuentes de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) confirman que pedirán al Gobierno la prórroga de la reducción del IVA en los alimentos «al menos hasta finales de año» e insistirán en pedir que se amplíe la lista de productos afectados para incluir, por ejemplo, la carne y el pescado, considerados de primera necesidad. Paralelamente, esperan que la situación de incertidumbre política no retrase aún más la tramitación del proyecto de ley que incluye la bajada del IVA del aceite de oliva al 0% acordada con Junts a cambio de su apoyo al decreto anticrisis el pasado mes de enero. Si se aprueba en mayo, apenas quedará en vigor durante un mes si el Gobierno no decide prorrogar las rebajas de impuestos a partir de julio.