
Las voces de los niños en España están comenzando a ser escuchadas mientras hablan abiertamente sobre la crisis económica y su impacto en sus vidas. Estas voces reflexivas y conscientes de la realidad de la situación se están convirtiendo en el centro de preocupación social, con crecientes informes de familias que luchan por proporcionar suficiente comida para sus hijos.
Este no es un problema aislado, sino más bien un síntoma del empobrecimiento progresivo de los hogares en España, y tiene un impacto particularmente fuerte en las familias con niños. Según la Cruz Roja, la falta de recursos económicos fue el principal factor de riesgo para los niños a los que asistieron en 2011, superando con creces otros factores.
La tasa de pobreza infantil en España se sitúa en un alarmante 27,2%, solo superada por Bulgaria y Rumania en Europa. Los niños y niñas que viven en hogares bajo el umbral de la pobreza están aumentando no solo en número, con cifras cercanas a los 2.300.000, sino también en términos de la intensidad y duración de su pobreza.
Las familias con hijos están sacrificando mucho para mantener niveles básicos de bienestar. Pero cuando el empleo, los ahorros y las prestaciones se agotan, y las becas y las ayudas disminuyen, se encuentran en la difícil situación de tener que reducir sus gastos en necesidades básicas como la comida o incluso renunciar a su vivienda.
Este no es solo un problema de nutrición, sino un problema de recursos y falta de apoyo a los hogares con niños. También es un problema de cómo se enfocan las políticas públicas. La infancia necesita un sistema universal de protección, similar al sistema de pensiones, que pueda evitar el riesgo de exclusión social.
¿Qué debemos proteger a toda costa? Aunque estos temas son complejos, se pueden resumir en cinco puntos clave que deberían ser el objetivo de un pacto político y ciudadano contra la pobreza infantil. Ningún niño o niña debería verse privado de:
– Acceso a los alimentos y elementos materiales necesarios y adecuados para su desarrollo.
– Una vivienda digna.
– Acceso completo y en igualdad de oportunidades a la enseñanza.
– Acceso a una sanidad de calidad y en igualdad de condiciones.
– Una protección adecuada ante el desamparo o la violencia.
Todos, desde los partidos políticos hasta las administraciones y la sociedad en general, debemos asumir este pacto. Vivimos en un país reconocido por la calidad de las relaciones entre padres e hijos y por la fortaleza de sus redes de apoyo familiar. Sin embargo, históricamente, España ha invertido poco en políticas sociales dirigidas a la familia y la infancia, políticas que han demostrado su fragilidad en tiempos de crisis.
Por lo tanto, el compromiso debe comenzar por cambiar lo que era necesario hace mucho tiempo: asumir que la protección y el desarrollo infantil son responsabilidad de todos, no solo de las familias. Los impactos negativos en su bienestar y derechos no son solo un problema ético o de derechos humanos, sino que también tienen y continuarán teniendo impactos negativos en el bienestar económico y social de toda la ciudadanía.
La oportunidad de comenzar este camino es ahora. El Gobierno está elaborando actualmente el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016 y se ha comprometido públicamente a que la pobreza infantil sea una prioridad en este documento. Varias organizaciones y plataformas han propuesto 32 medidas para este Plan, en línea con la reciente Recomendación de la Comisión Europea sobre ‘Invertir en Infancia’.
Estas propuestas se realizan con la convicción de que la inversión en la infancia es una necesidad ineludible en estos momentos, y uno de los mejores antídotos contra esta y futuras crisis.