
La Ley de Amnistía, actualmente en trámite en España, será dejada «inaplicada» hasta que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) resuelva las cuestiones prejudiciales planteadas por los tribunales nacionales. Así lo ha afirmado el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, en respuesta a una consulta del jefe de la delegación europea de Ciudadanos, Adrián Vázquez.
El comisario ha subrayado que la suspensión se llevará a cabo «con independencia de lo que la legislación nacional establezca». Reynders ha recordado que el Estatuto del TJUE establece que «la resolución del órgano jurisdiccional nacional por la que se somete un asunto al Tribunal de Justicia suspende el procedimiento nacional».
Esto implica que, cuando un tribunal español plantee una cuestión prejudicial, que es muy probable que ocurra, la normativa comunitaria «exige suspender el procedimiento pendiente ante el órgano jurisdiccional remitente a la espera de la respuesta del Tribunal de Justicia».
Reynders ha citado tanto la legislación como la jurisprudencia europea que establece la primacía del derecho comunitario sobre las legislaciones nacionales, en este caso, la Ley de Amnistía. Los procesos por los que se resuelven las cuestiones prejudiciales pueden prolongarse durante aproximadamente un año y medio, lo que, según Vázquez, haría imposible el regreso amnistiado a España de Carles Puigdemont.
El comisario ha enfatizado que «Del principio de primacía se desprende que la exigencia del Derecho de la Unión de suspender el procedimiento nacional hasta que el Tribunal de Justicia se haya pronunciado sobre la petición de decisión prejudicial se aplica con independencia de lo que la legislación nacional establezca. Por lo tanto, el órgano jurisdiccional nacional debe dejar inaplicada cualquier normativa nacional que no respete este principio».
En la actualidad, uno de los temas que preocupan a las formaciones independentistas y al PSOE es intentar forzar los beneficios de la amnistía, incluso si los jueces que deben aplicarla consideran que no se ajustan a la Constitución o a las leyes europeas. Por ello, el texto aprobado provisionalmente por el congreso impone el levantamiento de medidas cautelares en cualquier circunstancia, lo que teóricamente incluiría que el juez o tribunal lleve su caso al TJUE.
La respuesta del comisario sugiere que la norma podría pasar más de un año sin aplicarse, dada la duración general de los procedimientos en el Tribunal de Luxemburgo. «Lo que hemos visto hasta ahora es simplemente el preámbulo de lo que viene, porque la gran batalla para la defensa del Estado de Derecho en las instituciones europeas se inicia ahora, en cuanto la amnistía sea aprobada por el Congreso de los Diputados», ha declarado el eurodiputado de Ciudadanos tras recibir la respuesta de Reynders.
En los asuntos sustanciados mediante el procedimiento prejudicial, la resolución del órgano jurisdiccional nacional por la que somete un asunto al Tribunal de Justicia suspende el procedimiento nacional», indica Reynders. «Por consiguiente», prosigue, «la presentación de una petición de decisión prejudicial entraña la suspensión del procedimiento nacional hasta que el Tribunal de Justicia se pronuncie».
A esto se añade que también la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha establecido que el procedimiento prejudicial «exige suspender el procedimiento pendiente ante el órgano jurisdiccional remitente a la espera de la respuesta del Tribunal de Justicia».