
El Govern balear liderado por la presidenta Marga Prohens (PP) está en la fase final de la elaboración de un decreto extenso con el objetivo de eliminar las trabas burocráticas y simplificar los trámites con la administración pública, uno de los compromisos clave de su plataforma electoral.
Este movimiento es una tarea compleja que sigue la línea de acción que han adoptado otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, como Andalucía y la Comunidad de Madrid. El equipo de trabajo liderado por el vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno, Antoni Costa, ha estado trabajando en esta iniciativa durante varios meses.
Se espera que el primer documento de trabajo, un informe de más de doscientas páginas con medidas concretas, se finalice oficialmente el lunes. Este informe servirá como base para el próximo decreto omnibus que se presentará al Consejo de Gobierno. El objetivo es que este decreto sea aprobado a principios de mayo.
Una de las medidas más importantes que se incluirán en el plan de choque de Prohens es la aceleración de los procesos de aprobación de proyectos y concesión de licencias de obra y actividad. En municipios como Palma, el más poblado del archipiélago balear, el tiempo medio de concesión de una licencia puede llegar a dos años. Los desarrolladores han denunciado repetidamente que este cuello de botella agrava el problema de la escasez de vivienda en la isla.
En una medida inédita en las Islas Baleares, el Govern permitirá la externalización de la elaboración de informes técnicos y jurídicos previos a la concesión de una licencia de obra. Se trabajará con empresas homologadas, conocidas como Entidades Colaboradoras Urbanísticas (ECU), que están autorizadas para realizar estas funciones.
A pesar de la introducción de esta nueva vía, la ruta ordinaria seguirá estando disponible para los ciudadanos. Se espera que esta medida alivie la carga de trabajo de los funcionarios públicos, y se prevé que Palma sea el primer municipio en implementarla.
El Govern también tiene planes para eliminar la Comisión Balear de Medio Ambiente, un organismo colegiado con una amplia representación política que se reúne una vez al mes. El Govern actual considera que este organismo ha sido instrumentalizado en varias ocasiones para poner en hielo proyectos debido a intereses políticos.
La función de la Comisión Balear de Medio Ambiente será asumida por técnicos de la Consejería de Territorio, quienes continuarán elaborando los dictámenes medioambientales requeridos por la normativa sin necesidad de dilatar su tramitación con debates en la Comisión.
El Govern también planea simplificar la exigencia de informes sobre recursos hídricos y eliminar la exigencia de la cédula de habitabilidad, un documento emitido por el Consell de Mallorca que se requiere para residir en una vivienda recién construida.
Paralelamente, se están diseñando medidas para agilizar la concesión de ayudas sociales y para las personas con discapacidades. Se creará un registro único para que los Servicios Sociales puedan tener acceso a los datos sanitarios y evitar duplicar las gestiones.
Además, se eliminará la exigencia del certificado de discapacidad para que las personas con problemas de salud mental puedan acceder a las ayudas cuando ya tengan los informes médicos pertinentes. Esta medida podría reducir el tiempo que se tarda en recibir ayuda en hasta un año, según fuentes del propio Govern.
El Govern también implementará un nuevo sistema para agilizar el pago de subvenciones. Este sistema permitirá la liberación de pagos mediante un protocolo previo y más sencillo de comprobación, que será verificado y fiscalizado posteriormente.
Como parte de esta iniciativa, se utilizará la Inteligencia Artificial en la tramitación de ayudas sociales, prestaciones de invalidez y jubilación, y subvenciones para energías renovables. Se ha contratado a la misma empresa que ya trabaja en Andalucía (Servinform), donde procesa 2,5 millones de documentos.