
En una movilización sin precedentes, cerca de dos centenares de políticos británicos han unido sus fuerzas en una campaña liderada por el periódico The Sunday Times para instar al Gobierno del conservador Rishi Sunak a compensar rápidamente a las decenas de miles de víctimas del escándalo de la sangre contaminada.
Este asunto, que ha sido descrito como una «sangrienta desgracia», se remonta a las décadas de 1970 y 1980, cuando cerca de 1.250 hemofílicos, incluyendo 380 niños, contrajeron virus de hepatitis y VIH tras ser tratados con concentrados de factores de coagulación infectados. Además, se estima que otras 30,000 personas se infectaron tras recibir transfusiones de sangre contaminada, en lo que se ha calificado como el «peor y más desastroso tratamiento en la historia del NHS» (Servicio de Sanidad Pública británica).
Según el exjuez Sir Brian Lanfstaff, quien dirige una investigación pública independiente sobre este incidente prolongado y terrible, dos tercios del total de los infectados han muerto por enfermedades derivadas del sida y la hepatitis C. El número absoluto de muertes sigue aumentando cada día.
El escándalo también ha afectado a la escuela internado Lord Mayor Treloar College, ubicada en el condado inglés de Hampshire, donde el NHS gestiona una unidad de atención a hemofílicos. De los 122 alumnos registrados entre 1974 y 1987 con trastornos sanguíneos, 75 fallecieron antes de cumplir 30 años a consecuencia de la infección viral.
La ex primera ministra Theresa May reconoció la gravedad de esta «deplorable tragedia» y anunció la puesta en marcha de la encuesta pública en 2017. Sin embargo, el informe definitivo de Lanfstaff, que se espera para el 20 de mayo, se publicará con seis meses de retraso de la fecha anunciada inicialmente.
La BBC ha desvelado documentos que arrojan luz sobre diversos y continuados experimentos con productos sanguíneos, en particular el llamado factor VIII de coagulación, que se administraron a menores de edad cuando ya había fuertes indicaciones del alto riesgo de que portaran virus infecciosos.
A mediados de los setenta, la alarma comenzó a sonar y la irrupción del SIDA fue ya una realidad entre hemofílicos para 1982. Sin embargo, un año después, el entonces ministro británico de Sanidad, Kenneth Clark, aseguraba que no había «pruebas conclusivas de que los productos sanguíneos transmitan el VIH«. La investigación de Lanfstaff demuestra también que el Gobierno británico estaba al corriente y financió parcialmente los experimentos en menores con factor VIII.
Los ensayos se llevaban a cabo sin el consentimiento de los padres. Los distintos equipos médicos de investigación trataban de evaluar el grado de infección del factor VIII y otros concentrados de plasma utilizados en los tratamientos para contener y prevenir hemorragias internas o externas.
Los «hemofílicos vírgenes«, como llamaban a los que jamás habían sido tratados para aliviar el trastorno, tuvieron prioridad en la gestión de los experimentos, de forma que se llegó a enviar de ‘cobayas’ a un bebé de cuatro meses y a un niño de tres años, entre otros menores.
«Fui conejillo de indias en ensayos que pudieron matarme», ha denunciado Luke O’Shea-Philips, de 42 años, una de las víctimas de la sangre contaminada. Muchos perdieron la vida sin poder contar en público su mala experiencia ni recibir una indemnización estatal.
El Gobierno de Sunak ha aceptado la «obligación moral» de compensar adecuadamente a los infectados y afectados, pero sigue obstaculizando el proceso y no activará el sistema de tramitación de las solicitudes hasta analizar las conclusiones del informe Lanfstaff. Se estima que la factura final ascenderá a miles de millones de euros.