
El martes pasado, el juicio de Erial reunió a los empresarios y sobrinos del ex director de la Policía, Juan Cotino, quien ha fallecido. Los empresarios Vicente y José Cotino Escrivá, reconocieron que el gobierno valenciano bajo la presidencia de Eduardo Zaplana, manejó de forma indebida los concursos públicos para la privatización de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y la adjudicación de los parques eólicos.
El ex jefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García, también testificó que el ex presidente de la Generalitat Valenciana estaba al tanto de todo. El fiscal pide 19 años de prisión para Zaplana, el principal acusado en este caso.
Vicente Cotino, acusado de blanqueo, cohecho y falsedad, enfrenta una pena de 14 años de prisión. Respondiendo a las preguntas del fiscal, Cotino admitió que fue su tío, el también ex presidente de las Cortes Valencianas, quien acordó en 1997 el pago de sobornos a cambio de que la empresa familiar Sedesa se hiciera con los contratos de las ITV.
La confesión de Cotino se reafirmó cuando su hermano, José Cotino, corroboró la versión de los hechos. Según Vicente Cotino, en 2001 se constituyó Imison Internacional, una sociedad creada en Luxemburgo con 640.000 euros que llevó en mano el propio Juan Cotino, en aquel entonces director de la Policía.
Vicente Cotino relató que su tío le comunicó que dicha operación sería utilizada para el pago final de la mordida, que se realizó mediante la transmisión de la sociedad luxemburguesa en favor de otras dos firmas, Imison y Fenix Investments. Cuando los hermanos Cotino preguntaron con quién debían hablar, Juan Cotino les indicó que debían ponerse en contacto con Juan Francisco García, el ex jefe de gabinete de Zaplana en la Generalitat Valenciana y miembro de la mesa de contratación de las ITV.
Vicente Cotino afirmó que Imison Internacional pasaría a nombre de Joaquín Barceló, quien confesó ser el testaferro del ex presidente valenciano y ex ministro del PP. Fenix, por su parte, pasaría a nombre de Juan Francisco García. La operación se firmó en septiembre de 2005 y se comunicó a Beatriz García Paesa, gestora de patrimonios y sobrina del espía Francisco Paesa. Ella fue quien realizó todas las gestiones en Luxemburgo.
La transmisión se completó una vez que se vendió la sociedad que gestionaba las ITV y cuando ya se obtuvieron las plusvalías. La venta de las participaciones de las empresas adjudicatarias de las ITV y los parques eólicos reportó al grupo Sedesa, de los Cotino, 86,5 millones de euros. Según Vicente Cotino, «el precio pactado» rondó el 30%.
A continuación, Juan Francisco García, para quien el fiscal pide una condena de 14 años de prisión por blanqueo, cohecho, falsedad y prevaricación, confirmó la voluntad de favorecer al grupo Sedesa. García, ex jefe de gabinete de Zaplana, afirmó estar «absolutamente arrepentido».
Según García, él presidió la mesa de contratación de las adjudicaciones de las ITV a propuesta de Zaplana, a quien también consideraba un «amigo íntimo». A la pregunta del fiscal de si la adjudicación estaba amañada en favor de los Cotino y su grupo Sedesa, García respondió afirmativamente: «Sí. Juan Cotino, en ese momento director general de la Policía, me transmite el especial interés del grupo Sedesa por presentarse y ser adjudicataria».
Cuando se le preguntó si había conversado sobre esto con Zaplana, García no dudó en señalar directamente a Zaplana: «Cuando Juan Cotino me transmite este interés fue en presencia de Zaplana».
Según García, él mismo mantuvo reuniones en 1997 con el director financiero de Sedesa, para «revisar las posibilidades y la orientación de los pliegos de condiciones». Es decir, Sedesa se presentó al concurso «en situación de ventaja». «Cuando se resuelve la adjudicación, Juan Cotino me transmite que vamos a tener una participación del 30% de la empresa adjudicataria», agregó García.