Las Islas Canarias limitan el alquiler vacacional: se requiere una antigüedad mínima de 10 años y la autorización de los vecinos
Vicente 
La Administración del archipiélago de las Islas Canarias ha iniciado la tarea de regularizar el alquiler vacacional mediante el lanzamiento del Anteproyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas. Esta ley establece las pautas para la gestión de propiedades destinadas a vacaciones.
Este paso ha sido tomado bajo el liderazgo de Fernando Clavijo, cabeza del Gobierno formado por la alianza entre la Coalición Canaria y el Partido Popular. La base de la ley se fundamenta en la «necesidad de contar con una regulación que ayude a establecer un modelo urbanístico, territorial y turístico sostenible». El texto del proyecto ahora está sujeto a las alegaciones que puedan presentar diferentes individuos y entidades interesadas en los próximos días.
Los puntos clave del texto establecen que las propiedades destinadas a alquiler vacacional deben tener una antigüedad mínima de diez años, un permiso de primera ocupación, una superficie mínima de 39 metros cuadrados si sólo se aloja a una persona, con incrementos de tamaño para cada persona adicional. También se requiere que las propiedades tengan dos baños completos si el número de ocupantes supera a cuatro.
El proyecto de ley también destaca que los vecinos deben estar de acuerdo con este tipo de actividad. Si la comunidad de propietarios no prohíbe el uso de las viviendas para fines distintos a la vivienda habitual, se requerirá un acuerdo de la junta de propietarios para permitir la comercialización turística de las viviendas.
Además, las viviendas deben tener acceso rodado directo y por vía pavimentada, excepto cuando razones técnicas, ambientales o económicas lo impidan. También se requiere un punto de recarga homologado para vehículos libres de emisiones, o la justificación de la existencia de un punto de recarga público en un radio de 500 metros.
El uso del suelo se aborda en el proyecto de ley, que establece que la capacidad máxima de alojamiento para uso residencial será del 10% de los habitantes de cada núcleo de población. Además, la norma establece que el 90% de la edificabilidad residencial debe destinarse a vivienda permanente, mientras que en las Islas Verdes se aplicará el 80%.
La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, aclaró durante la presentación del anteproyecto que los límites serán establecidos por los ayuntamientos. Declaró que «no se trata de prohibir, sino de planificar y ordenar».
Los representantes del Gobierno se reunieron con representantes de patronales turísticas, sindicatos, ACEGI y Ascav, la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, para discutir el contenido de la ley. Este documento es una respuesta al creciente problema de acceso a la vivienda en la comunidad, exacerbado por el aumento del turismo y la escasez de oferta en el archipiélago.
La demanda de viviendas para compra o alquiler de larga duración ha superado la oferta, lo que ha provocado un aumento de los precios. Sólo en el primer trimestre de 2024, las rentas de alquiler se dispararon un 13,3% en comparación con el mismo periodo del año anterior. En Las Palmas, el aumento fue del 10,5%, mientras que en Santa Cruz de Tenerife alcanzó el 19,2%, según los datos del portal inmobiliario Idealista.
En cuanto a la vivienda en compraventa, tanto obra nueva como de segunda mano, los precios subieron un 6% de media entre enero y marzo, según datos de la tasadora Tinsa. En Las Palmas, el incremento fue del 5,5%, mientras que en Santa Cruz de Tenerife fue del 6,7%.
La publicación del anteproyecto de ley ha generado cierta controversia, especialmente en la patronal Ascav (Asociación Canaria del Alquiler Vacacional). Ascav ha declarado que la iniciativa supone un «exterminio» de las viviendas turísticas, ya que allana el camino para una «desaparición gradual pero inexorable» de este tipo de alojamiento.
Ascav argumenta que el objetivo del Gobierno canario es prohibir nuevas viviendas vacacionales en las Islas Canarias y eliminar gradualmente las que ya están funcionando legalmente. Según la asociación, el anteproyecto de ley es una «moratoria total» a las viviendas vacacionales, ya que una vez que la norma entre en vigor, «no se admitirán más registros» a menos que el plan municipal lo autorice expresamente.