
En medio de la polémica por la extracción de tesoros del galeón San José hundido en costas de Colombia, la sociedad civil de este país y de España han intentado frenar tales proyectos, argumentando que el buque es un yacimiento arqueológico y un camposanto que debe ser respetado. El gobierno colombiano planea enviar el buque de su Armada, el ARC Caribe, a desarrollar prospecciones y extracciones sobre los restos del galeón hundido por buques de guerra ingleses en 1708. En su última travesía, el San José transportaba a España un impresionante cargamento, incluyendo joyería americana y porcelana china de la dinastía Qing, además de toneladas de plata labrada y en monedas que Colombia reclama como propias desde el descubrimiento de los restos del galeón en 2015.
El San José, se argumenta, fue un buque de Estado y goza de inmunidad soberana. Su dueño legítimo no es ninguna empresa privada, sino el Reino de España, el mismo Estado que tiene continuidad jurídica desde 1708 y representa a la misma nación. Su blindaje legal permitiría defender cientos de yacimientos de buques históricos de la Carrera de Indias.
Gustavo Petro, presidente de Colombia desde el verano de 2022, anunció el año pasado su intención de desentenderse de las negociaciones diplomáticas y de los pleitos judiciales internacionales e iniciar las prospecciones. En España, la iniciativa más visible para detener esa política se ha trasladado a la sociedad civil. José María Lancho, uno de los abogados que acompañó al Gobierno en su litigio contra los cazatesoros de Odyssey por los restos de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, fue contratado por tres Naciones Originarias de Bolivia, Killakas, Carangas y Chichas. Juntas reclaman a Colombia y a España su derecho a codecidir el futuro del San José.
Las Naciones Originarias argumentan que parte del tesoro del buque español proviene de su territorio y fue extraído de las minas por la población a la que hoy representan, en condiciones forzadas y desiguales a las de los demás súbditos del entonces Reino de Castilla. Tienen derecho a que se oiga y a participar en las decisiones que afectan directamente a una parte de nuestra cultura e historia, afirman. No quieren que los restos del galeón se vendan, ni que sirvan para facilitar el expolio de otros buques históricos de la Carrera de Indias.
Los representantes de las Naciones Originarias también señalan que los restos de esos buques son parte de su territorio ancestral. Contienen raíces de nuestra memoria, el testimonio de generaciones de nuestros ancestros que extrajeron forzadamente, transformaron y dieron forma a mucho del contenido de esos yacimientos. Para ellos, tiene un elemento espiritual y también sagrado en la misma manera que debería ser sagrado un cementerio para los españoles o los colombianos.
Las Naciones Originarias de Bolivia poseen identidad histórica reconocida (por España desde el siglo XVI) y derechos colectivos sobre su patrimonio cultural en virtud de numerosos instrumentos internacionales que les confieren personalidad jurídica internacional. También Colombia menciona en su constitución a 102 comunidades indígenas.
En cuanto a su propuesta para el San José, las Naciones Originarias consideran que, como el resto de galeones hundidos de la Carrera de Indias, debe ser considerado patrimonio común y compartido. De los pueblos originarios, de España y de las repúblicas americanas. Esperan que se aplique el derecho internacional no solo el de una de las partes y desean participar activamente en el proceso a través de sus autoridades tradicionales y que los hallazgos se exhiban también en su tierra para el disfrute de todos.
La República de Colombia no ha firmado nunca los principales convenios internacionales sobre Patrimonio Submarino, por lo que el Gobierno de Petro considera que está legitimado para tomar sus decisiones solo de acuerdo a su ley. Sin embargo, como refiere el abogado Lancho, «aun sin ratificar tratados específicos, Colombia como miembro de la ONU, tiene el deber general de acatar los principios del derecho internacional consuetudinario. La inmunidad de buques de guerra hundidos está firmemente establecida en la costumbre internacional del mar y obliga a Colombia«.
Desde 2015, el Gobierno de Colombia ha firmado sucesivos contratos con empresas cazatesoros para repartirse el botín del San José. En febrero, el Ejecutivo de Petro organizó un congreso científico en Cartagena de Indias que terminó con un llamamiento y un compromiso, más simbólico que formal, de no explotar económicamente el pecio. Las extracciones, se dijo entonces, tendrían un fin científico. Sin embargo, se cuestiona qué pasará con los demás yacimientos hundidos en Colombia y en el resto del mundo si no es operativa la inmunidad soberana.
Las Naciones Originarias piden a la UNESCO que los pecios de los buques hundidos sean incluidos por el World Heritage Committee en el Inventario de Bienes Culturales en Peligro. Esta solicitud es una de las claves del caso del San José y podría marcar un hito a nivel global en la protección del patrimonio subacuático.