
El abogado de la viuda del cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar, que murió junto al soldado Carlos León Rico el pasado 21 de diciembre en un ejercicio en el lago de la base militar de Cerro Muriano (Córdoba), ha presentado un escrito dirigido a la ministra de Defensa, Margarita Robles. El documento solicita la suspensión de funciones del capitán, el teniente y el sargento implicados en las muertes de los mencionados militares de la Brigada ‘Guzmán el Bueno’ X.
En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el letrado Antonio Granados sostiene que el Juzgado Togado Militar Territorial número 21, con sede en Sevilla, dictó en enero un auto que abre sumario contra el capitán, el teniente y el sargento de la compañía a la que pertenecían los militares fallecidos. El abogado argumenta que, como presuntos responsables de un delito contra la eficacia del servicio y teniendo conocimiento de que el capitán podría estar participando en las formaciones del Regimiento La Reina 2, con el resto de militares, a las órdenes del coronel jefe del Regimiento, es necesario que se dicte la resolución oportuna por la que se suspenda de funciones al capitán, al teniente y al sargento.
Según el letrado, estos mandos ya han sido citados para declarar como investigados en sede judicial por el citado juzgado militar, que instruye el procedimiento abierto. El abogado que representa a la viuda del cabo fallecido considera necesaria la suspensión de funciones de los mandos encausados una vez desestimada por el Juzgado Togado Militar Territorial número 21 con sede en Sevilla la solicitud de prisión preventiva que le presentó previamente.
Además, el abogado expone que, teniendo conocimiento de que el coronel jefe del Regimiento permite la participación del Capitán en las formaciones diarias, solicita que se inicie una investigación contra el citado coronel jefe del Regimiento. Según el letrado, este, siendo consciente de los graves hechos ocurridos el pasado 21 de diciembre de 2023 en la base de Cerro Muriano y sabiendo que el capitán, el teniente y el sargento podrían ser presuntos responsables de hechos ilícitos, consiente la participación de los encausados, o al menos del capitán, en la formación diaria uniformado.
El escrito hace referencia a la solicitud de suspensión de los mandos, citando el artículo 111 de la vigente Ley de la Carrera Militar. Según este, el pase a la situación de suspensión de funciones del militar profesional se puede acordar como consecuencia del procesamiento, inculpación o adopción de alguna medida cautelar contra el imputado en un procedimiento penal o por la incoación de un procedimiento disciplinario por una falta muy grave.
Por ello, el letrado solicita a la ministra de Defensa que ordene la suspensión de funciones al capitán, del teniente y del sargento encausados. También le pide que el coronel jefe del Regimiento de La Reina 2 emita un informe donde manifieste si es cierto que el pasado 5 de marzo de 2024 el capitán formó ese día por la mañana junto a sus compañeros.
En caso de negativa por parte del coronel, el abogado solicita que se emita un informe de todos los militares que el pasado 5 de marzo de 2024 por la mañana se encontraban en formación junto al capitán bajo las órdenes del coronel jefe del Regimiento. Además, si se confirma que el capitán, teniente o sargento estuvieron en formación el pasado 5 de marzo de 2024, se requiere a cada uno de los militares que componían la formación de aquel día, para que declaren si es cierto que los encausados participaron en ella.
Finalmente, también se solicita que se emita un informe por el general de la Brigada, donde haga constar la situación de servicio en la que se encuentran los encausados, es decir, el capitán, el teniente y el sargento, «y si acuden a su lugar de trabajo».