
En un intento por aumentar la rentabilidad y evitar las restricciones impuestas por la Ley de Vivienda, los propietarios de viviendas están recurriendo cada vez más al alquiler temporal en lugar del arrendamiento permanente tradicional. Según los datos, la oferta de alquileres temporales ha crecido un 56% en el primer trimestre de 2024, en contraste con la disminución del 15% en los anuncios de alquileres de larga duración. El resultado es que una de cada diez viviendas en oferta se alquila mensualmente (el 11%), en comparación con el 7% del año pasado.
Esta tendencia es evidente en todo el país, pero es particularmente aguda en áreas y ciudades con precios de alquiler elevados. En estas áreas, la proporción de alquileres temporales sobre el total es mayor y el incremento del stock también es mayor, según el análisis del portal inmobiliario Idealista. En ciudades como Barcelona y San Sebastián, hasta el 30% de los anuncios son de alquileres temporales; en Cádiz, el 21%; en Madrid, el 15% y en Málaga, el 13%. Por el contrario, en áreas menos presionadas, los alquileres temporales son prácticamente inexistentes, como en Soria, Lugo, Ceuta, Ourense y Guadalajara, donde la proporción es cercana al 0%.
Francisco Iareta, portavoz de Idealista, señala que las medidas adoptadas en relación al alquiler han desplazado la oferta del alquiler permanente al alquiler de temporada. Este cambio, aunque legal, ha hecho más difícil para las personas y familias desfavorecidas acceder a la vivienda. Según Iareta, el problema central del alquiler no es el precio, sino la escasez de oferta, lo que genera presión sobre los precios y ansiedad en las familias que se enfrentan a la dura competencia.
Las ciudades con más presión en el mercado de alquiler también han experimentado un mayor incremento en la oferta de alquileres temporales. Palma y Málaga lideran esta lista con un aumento del 79% en viviendas de alquiler temporal en comparación con el año pasado. Siguen San Sebastián (77%), Sevilla (74%), Valencia (62%), Madrid (56%) y Barcelona (53%). En Bilbao, la oferta de alquileres temporales ha crecido un 49% en los últimos 12 meses, mientras que en Alicante ha aumentado un 29%.
Sin embargo, en algunas ciudades los incrementos han sido aún más espectaculares, aunque estos deben ser vistos en el contexto de mercados más pequeños y una oferta temporal previamente casi inexistente. Este es el caso de Badajoz (2.560%), Cáceres (800%), Huelva y Lérida (650% en ambos casos). Mientras tanto, en ciudades como Lugo, Teruel, Palencia y Ávila, la oferta de alquileres temporales ha disminuido.
En contraste, los alquileres de larga duración han disminuido en el primer año desde que se implementó la Ley de Vivienda. Bilbao registró la mayor caída (-33%), seguida por Sevilla (-27%), Madrid (-24%), San Sebastián (-22%), Palma (-20%) y Barcelona (-15%). Sin embargo, en Valencia y Málaga los alquileres de larga duración han aumentado un 4% y un 2% respectivamente.
El alquiler temporal ofrece una mayor rentabilidad al propietario y esta es una de las principales razones para su creciente popularidad. Permite la revisión de la renta al final del contrato, evitando así las restricciones gubernamentales destinadas a prevenir que los propietarios trasladen el aumento del IPC a los precios del alquiler. Este límite fue inicialmente del 2% pero se ha elevado al 3% para 2024. Sin embargo, este tope no se aplica a los nuevos contratos, lo que permite un aumento en la renta después de la duración del contrato.
Además, el alquiler temporal permite a los propietarios seguir imputando el pago de los honorarios de las agencias a los inquilinos, eludiendo uno de los cambios más controvertidos de la Ley de Vivienda. Anteriormente, los inquilinos tenían que asumir el costo de los servicios de las agencias contratadas por el propietario, pero esta práctica se eliminó con la nueva ley. Como resultado, muchas agencias han recurrido a contratos temporales para mantener su negocio.
El gobierno ha admitido que la ley no aborda esta situación y que esta laguna legal está siendo explotada por muchos propietarios. Para abordar este problema, el ministerio dirigido por Isabel Rodríguez ha creado un grupo de trabajo específico cuyas primeras conclusiones se esperan en breve.