
La violencia de género se está extendiendo a un ritmo alarmante y está siendo normalizada entre los más jóvenes, de acuerdo con el último informe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El informe refleja un notable incremento en los casos de violencia de género entre menores de edad, con un salto de 96 en 2022 a 156 en 2023, lo que supone un incremento de 62%.
El presidente del Alto Tribunal, Lorenzo del Río, presentó el informe y destacó el impacto de la tecnología y las redes sociales, así como los estereotipos e ideas sexistas que se promueven en ellas, en esta creciente tendencia. El informe también señala la preocupación por el aumento de la violencia sexual entre menores de catorce años, citando la facilidad de acceso a contenido pornográfico en la web sin controles efectivos como una razón clave.
En cuanto a las estadísticas, se registraron 89 menores enjuiciados por violencia de género en 2023, la mayoría de ellos mayores de 16 años y de nacionalidad española. Este número representa un aumento del 17% en comparación con 2022. Los casos relacionados con la violencia doméstica y de género representaron el 13% de todos los procedimientos que ingresaron a los juzgados de menores en Andalucía.
El informe también destacó el aumento en la litigiosidad en Andalucía, con una entrada de 1.372.072 casos en 2023, un 6% más que en 2022. Esto sitúa a Andalucía a la cabeza entre las comunidades con los niveles más altos de litigiosidad del país. Del Río destacó que las cifras son muy similares a las de años anteriores y subrayó la necesidad de implementar medidas de mayor eficiencia y mejorar el sistema para hacer que la justicia sea más eficiente.
El informe de 2023 reveló que el número de asuntos pendientes ha alcanzado un nuevo récord, lo que indica un inminente «colapso» judicial. Durante 2023, los tribunales andaluces resolvieron 1.276.551 asuntos, dejando pendientes otros 758.989, un aumento de casi el 16% en comparación con los asuntos pendientes al final de 2022.
Para evitar el colapso, el informe sugiere la creación de plazas judiciales para aliviar el atasco en el sistema de justicia. Del Río estimó que sería necesario crear al menos 15 plazas en los órganos colegiados y 104 nuevos órganos judiciales, dada la tendencia sostenida de ingreso de asuntos.
La jurisdicción con el mayor incremento ha sido la contenciosa, que subió un 18%, seguida de la social, que registró un 6% más de asuntos. Los procedimientos penales representaron la mayor carga de trabajo para los tribunales, con un 54% de los casos, seguidos de los civiles, con un 37%, y los sociales, con solo el 6%.
El informe concluyó lamentando la falta de modernización del poder judicial y criticó a los responsables políticos por «frustrar» las reformas necesarias del sistema judicial debido a la falta de consenso político y visión de Estado. «La justicia, a nuestro pesar, no es una prioridad política», declaró Del Río, instando a la clase política a reaccionar para evitar el colapso.