Vicente 
El informe reciente emitido por el servicio de información de la Guardia Civil revela la existencia de una sofisticada base de datos gestionada por la organización terrorista ETA. Este sistema informatizado con altas medidas de seguridad contenía información sobre más de 15.000 objetivos potenciales para la organización. Este informe se ha enviado a la Audiencia Nacional como parte de las diligencias en curso para el caso del asesinato del concejal del PP de Durango, Jesús María Pedrosa.
El objetivo de estos procesos judiciales es esclarecer el papel de los líderes de la trama etarra en los atentados, considerados autores mediatos de los asesinatos. Este caso particular se inició gracias a la querella de la asociación Dignidad y Justicia, presidida por Daniel Portero.
El informe de la Guardia Civil detalla que la base de datos de ETA, denominada internamente como DGZ (Data Gune Zentrala o Base Central de Datos), contenía información sobre miles de individuos, incluyendo políticos del PP y PSOE, empresarios, miembros de las fuerzas armadas, la judicatura, los medios de comunicación, e incluso miembros de la aristocracia y la Casa Real.
Los datos incautados durante las operaciones contra ETA también incluyen información sobre abogados, escoltas, escritores, ex militantes de ETA, fiscales, miembros del Foro de Ermua, funcionarios y un representante de la Iglesia, entre otros. Uno de los listados de objetivos fue confiscado al antiguo líder del brazo político de ETA, Mikel Albizu, Mikel Antza, y su compañera, María Soledad Iparraguirre, Anboto, durante su detención en Francia. Ambos están siendo investigados en el sumario por el asesinato de Pedrosa.
La DGZ servía como un recurso para los diferentes brazos de la organización terrorista cuando necesitaban información sobre posibles objetivos para sus actividades terroristas o de extorsión. Este sistema era manejado y gestionado por la dirección de ETA, con el objetivo principal de facilitar el trabajo de sus miembros en la recopilación y selección de información sobre objetivos, y proporcionar la máxima seguridad a los datos y documentos sensibles en poder de la organización.
Aprovechando la tregua trampa de ETA de 1998/99, la dirección de la organización puso en marcha una nueva estrategia de actuación, subrayando la importancia del uso de la base de datos DGZ entre sus militantes. Durante este tiempo, la dirección de la banda terrorista estaba compuesta por Mikel Antza y Anboto en el aparato político; José Javier Arizkuren, Kantauri, Javier García Gaztelu, Txapote; Juan Antonio Olarra y Ainhoa Mugica en el aparato militar; e Ignacio de Gracia Arregi, Iaki de Rentera, como responsable del entramado logístico.
Todos estos líderes están siendo investigados en distintos juzgados de la Audiencia Nacional por su responsabilidad en los asesinatos cometidos bajo su mando en ETA, incluyendo el de Pedrosa. La importancia que ETA concedía a la estructura que gestionaba la base de datos general se refleja en el hecho de que tenía un presupuesto mensual de 19.000 euros, lo que representaba alrededor del 40% del dinero total del aparato militar de ETA.
La base de datos central se dividía en dos secciones. La primera, denominada DGZ Lanerako (para trabajar), recogía las diferentes actualizaciones de las informaciones sobre objetivos. La otra sección, DGZ Gezi, contenía todos los datos relacionados con las demandas de «impuesto revolucionario» hechas por la organización terrorista, información sobre empresarios y empresas, su situación económica, y fotografías, entre otros.
Durante el periodo en que se produjo el atentado contra Pedrosa, los comandos de ETA, antes de entrar en España, recibían de sus responsables en Francia un ordenador o dinero para su compra, y una base de datos con información sobre sus objetivos. En la base de datos general de ETA no solo se encontraban todos los detalles para localizar al concejal ‘popular’ de Durango Jesús María Pedrosa, sino que también se incluía el desenlace de su acción: el asesinato del edil.
Este informe de la Guardia Civil detalla la campaña de hostigamiento que sufrió Pedrosa, concejal del PP, como parte de la estrategia de ETA de «socializar el sufrimiento». Se registraron llamadas a su domicilio insultándole, envíos a su casa con amenazas, concentraciones de apoyo a ETA en frente de su casa, intentos de asalto a su domicilio, carteles y panfletos contra él y su militancia política, y pintadas amenazantes.