
La Comisión de Venecia, un importante órgano del Consejo de Europa, ha desglosado sus preocupaciones sobre la Ley de Amnistía española durante una intervención en la Eurocámara. Durante semanas, el gobierno español, principalmente a través del Ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha afirmado que la Comisión respaldó la legalidad de la Ley de Amnistía y respaldó «firmemente» su intención de «buscar la reconciliación». Sin embargo, las declaraciones de la Comisión han arrojado luz sobre una serie de cuestiones que «preocupan».
En su evaluación, la Comisión ha pedido más tiempo para los críticos de la ley para debatirla durante su tramitación. Además, ha instado a que la ley no solo se apruebe «por una mayoría absoluta», sino que se aclare en la Constitución española si este tipo de medidas son apropiadas o no. La Comisión de Venecia sostiene que la amnistía es una herramienta política y constitucional útil y necesaria para la reconciliación. Sin embargo, su interpretación de la ley y su aplicación ha demostrado ser mucho más matizada.
En la Eurocámara, la cuestión fue abordada por los eurodiputados en una Comisión, en la que todos los que hablaron eran españoles, a excepción de una socialdemócrata alemana y una europeísta holandesa. Entre ellos se encontraban el popular Javier Zarzalejos, los independentistas Tomi Comín y Diana Riba, Maite Pagazaurtundua de Ciudadanos, y el socialista Javier Moreno, todo bajo la presidencia de otro español, el ex ministro Juan Fernando López Aguilar.
En representación de la Comisión de Venecia, la ex ministra italiana Marta Cartabia, vicepresidenta de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa y una de las ponentes del dictamen sobre los requisitos de Estado de derecho de amnistías, intervino para expresar las inquietudes de la Comisión. Uno de los principales temas de preocupación fue la falta de claridad en la Constitución española sobre si la amnistía está permitida o no. Cartabia también criticó el ámbito material de la Ley española, el temporal, la falta de precisión, y el hecho de que se haya hecho pensando en personas concretas.
Cartabia también expresó su preocupación por el amplio y difuso ámbito material de la Ley y la falta de claridad sobre los delitos cubiertos. La Ley no estipula cuáles son los delitos cubiertos, sino que cualquier acto considerado delito penal dirigido a facilitar o promover la secesión o independencia. Cartabia instó a que se definieran con más claridad los términos de la amnistía.
Asimismo, la vicepresidenta de la Comisión expresó su inquietud sobre el ámbito temporal de la Ley, que es muy amplio y fue enmendado para extenderse a noviembre de 2011. La Comisión de Venecia sostiene que las amnistías deberían ser impersonales, no ad personam, y por lo tanto, los criterios no deberían ser modificados para proteger a una persona en particular.
Además, la Comisión de Venecia señaló serias dudas sobre la cobertura a delitos de «terrorismo, corrupción y prevaricación», reiterando que las violaciones graves de los derechos humanos deberían quedar excluidas del ámbito de aplicación de la ley. La Comisión también criticó el uso de la ley para cualquier mal uso del dinero público durante la última década.
Cartabia también advirtió sobre el lawfare, afirmando que, aunque una amnistía en sí no viola la separación de poderes, las comisiones del Congreso no deberían tener el mandato de exigir cuentas a ningún juez. La Comisión también señaló que la ley ha suscitado una enorme división en el mundo político, las instituciones, las universidades y la sociedad española, y alentó a las autoridades españolas a reservar el tiempo necesario para permitir un diálogo leal entre las instituciones y los partidos del gobierno y la oposición.