
En un giro de los eventos, la Junta de Fiscales de Sala ha respaldado en el día de hoy la orden emitida por la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, en relación a la fiscal asignada a la querella interpuesta por el novio de Isabel Díaz Ayuso por revelación de secretos contra los fiscales de Madrid. Esta información ha sido confirmada por fuentes fiscales.
Sánchez Conde instruyó la semana pasada a la fiscal de la Fiscalía Superior de Madrid, María de la O Silva, para informar en contra de la admisión de la querella presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Dicha querella se presentó a raíz de la filtración de datos confidenciales del pacto de conformidad que el abogado del novio de Ayuso, Carlos Neira, estaba negociando con la Fiscalía Provincial de Madrid.
El dictamen de la Junta de Fiscales de Sala se produce después de haberse invocado el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, debido al desacuerdo mostrado por Silva contra la orden de Sánchez Conde. Aunque este dictamen es preceptivo, no tiene carácter vinculante.
Fuentes fiscales han informado a EL MUNDO que María de la O Silva fue citada y se presentó en la Junta para exponer su postura jurídica ante los 32 fiscales de Sala. Previamente, la teniente expuso las razones jurídicas que le llevaron a dar la orden, y luego la fiscal del caso detalló su posicionamiento contrario.
La convocatoria de Silva a comparecer se realizó para que los fiscales de la máxima categoría pudieran escuchar in situ sus explicaciones, dado que la Junta fue convocada de forma apresurada con solo 48 horas de antelación y la documentación a analizar por sus miembros se distribuyó en las 24 horas previas a la Junta.
Silva, que invocó el artículo 27 del Estatuto al considerar improcedente la orden de informar en contra de la querella del novio de Ayuso, ha defendido en las últimas semanas que se deben realizar unas diligencias «mínimas» dirigidas a esclarecer «la intervención de los querellados en los hechos denunciados» con el objetivo de «buscar la verdad material» y luego evaluar la relevancia penal de los hechos.
Por otro lado, fuentes fiscales informan que una mayoría de miembros del denominado ‘generalato’ de la Fiscalía ha respaldado que la posición del Ministerio Público sea contraria a la admisión de la querella presentada por Alberto González Amador contra la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de Delitos Económicos, Julián Salto.
Actualmente, la cúpula de la Fiscalía está compuesta por 37 fiscales de Sala. Sin embargo, en este caso se ha abstenido el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz al haber emitido personalmente la orden a la Fiscalía Superior de Madrid de difundir la nota de prensa de la discordia. Además, se ausentaron otros cuatro fiscales de Sala debido a la escasa anticipación con la que fue convocada la Junta. Los fiscales que no asistieron a la reunión fueron Jesús Tirado, Antonio Vercher, Alejando Luzón y Elvira Tejada.
La intervención de los fiscales de la Sala comenzó de menor a mayor antigüedad. La mayoría de los últimos fiscales de Sala ascendidos durante los mandatos de Dolores Delgado (actual fiscal de Sala) y Álvaro García Ortiz son miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación a la que pertenece Sánchez Conde. La mayor parte de los intervinientes durante la sesión de la mañana ha avalado la decisión de la teniente fiscal del Supremo de no investigar la filtración. Sin embargo, en el turno de tarde, se ha escuchado más voces críticas con la actuación del Ministerio Público que han quedado en clara minoría.