
Argentina ha confirmado, tres décadas después del devastador atentado que dejó a 85 personas sin vida, que Irán fue el responsable de la atrocidad. En un fallo histórico, la Justicia argentina ha catalogado el ataque como un «delito de lesa humanidad» y ha hecho un llamado a la comunidad internacional para una reforma legal que permita juzgar y condenar a los perpetradores.
Este fallo ha llegado 30 años después del atentado, que tuvo lugar el 18 de julio de 1994. Un coche bomba se estrelló contra la sede de la Asociación de Mutuales Israelitas en la Argentina (AMIA), dejando tras su paso un saldo sangriento de 85 muertos y más de 300 heridos.
La conclusión del fallo, emitida por la Cámara Federal de Casación Penal en la noche del jueves pasado, no deja lugar a dudas: Irán es un «Estado terrorista». Según el tribunal, tanto el ataque a la embajada de Israel en marzo de 1992, que causó la muerte de 29 personas, como el atentado a la AMIA, fueron fruto de una «decisión política y estratégica de la República Islámica de Irán«.
Los magistrados sostienen que estos atentados fueron ejecutados por la organización terrorista Hezbollah, que operó bajo la «inspiración, organización, planificación y financiamiento de organismos estatales y paraestatales subordinados al gobierno de los ayatollahs», según informó el periódico argentino Clarín.
Los jueces también han calificado el atentado de 1994 como un «delito de lesa humanidad«, lo que significa que no prescribe y que el principio de «jurisdicción universal» se aplica a este crimen. Según este principio, cualquier estado puede juzgar y condenar penalmente a los autores de este tipo de atrocidades.
El fallo también establece que Argentina podría buscar justicia para las víctimas y sus familias a través de vías diplomáticas, un tribunal arbitral o la Corte Internacional de Justicia.
En este contexto, los magistrados han pedido reformas legales internacionales que les permitan juzgar a los fugitivos «en ausencia». Según el juez Carlos Mahiques, «sería imperativo prever la conducta ilícita internacional de los Estados de manera clara, precisa y taxativa». Mahiques propone que «la jurisdicción para juzgar tales conductas debe confiarse a una Corte Internacional imparcial, en ejercicio de una jurisdicción obligatoria».
De esta manera, se plantea una reforma de las reglas de las Naciones Unidas para el Derecho Penal Internacional. Con este fallo, Argentina ha hecho un llamado a la comunidad internacional para que se tomen medidas decisivas contra los Estados que perpetran actos de terrorismo y garantizar que los responsables rindan cuentas por sus acciones.