
El jueves pasado, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, recibió un paquete que contenía una bomba simulada, un hecho que fue detectado por los servicios de seguridad del juzgado y que ha causado preocupación entre las fuerzas de seguridad del Estado. Este paquete, que incluía un temporizador electrónico junto a una bolsa que fingía contener una carga explosiva, ha sido interpretado como una clara amenaza hacia un juez que está a cargo de causas judiciales sensibles para el independentismo catalán.
Joaquín Aguirre, originario de Canarias, ha sido magistrado en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona desde 1988, lo que lo convierte en el juez más veterano de Cataluña. Durante sus 36 años en el cargo, ha manejado varios casos mediáticos, incluido el principal caso que actualmente tiene en sus manos, el caso Volhov. Este caso investiga los posibles vínculos de Carles Puigdemont y su círculo político con Rusia, en un intento por obtener el reconocimiento ruso de la independencia de Cataluña en 2017, lo que podría constituir un delito de alta traición.
Otro caso de alto perfil que está manejando Aguirre es el caso Negreira, que se centra en una presunta trama de corrupción arbitral de la que supuestamente se benefició el Fútbol Club Barcelona durante años. Ambos casos han convertido a Aguirre en un objetivo de los independentistas, que lo acusan de querer obstaculizar la implementación de la amnistía.
Esta amenaza contra Aguirre plantea serias preocupaciones en el ámbito judicial, ya que representa una escalada en el clima de acoso y persecución que algunos jueces en Cataluña han estado enfrentando desde el inicio del proceso independentista. Fuentes policiales y judiciales lamentan la resistencia de la Generalitat a establecer un dispositivo de seguridad para proteger a un juez que está siendo especialmente señalado por los radicales.
El juez Aguirre ha estado investigando las posibles conexiones entre los independentistas catalanes y Rusia desde octubre de 2020, centrándose en los contactos que Carles Puigdemont y su equipo de colaboradores mantuvieron con intermediarios vinculados al Kremlin antes, durante y después del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. A pesar de la complejidad de la investigación y la abundante documentación por revisar, Aguirre ha decidido extender la investigación.
Esta decisión ha provocado críticas por parte de los independentistas, que consideran a Aguirre como un representante de la «derecha judicial» y del concepto de «lawfare«, una táctica que, según ellos, representa una guerra sucia en los tribunales contra ellos. La líder neoconvergente en el Congreso, Miriam Nogueras, ha mencionado a Aguirre por su nombre varias veces durante el debate de la Ley de Amnistía en la Cámara Baja, acusándolo de «pasearse por las televisiones europeas prevaricando» y también de ser parte del «franquismo» que, según ella, está vinculado a la judicatura.
En cuanto al caso Negreira, Aguirre ha citado a José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente de los árbitros, quien se ha negado a declarar sobre los pagos millonarios que recibió del Barcelona durante casi dos décadas. A finales de marzo, Aguirre amplió la investigación a todos los auditores que durante casi dos décadas pasaron por alto los pagos del FC Barcelona a los árbitros. En respuesta a una solicitud de la Guardia Civil, el magistrado ha decidido extender la investigación a todos los informes de auditoría del club de los ejercicios comprendidos entre 2003 y 2018.