
El martes pasado, la Mesa del Congreso, liderada por Francina Armengol y con mayoría de PSOE y Sumar, formalizó su negativa a aceptar la solicitud por conflicto de competencias propuesta por el Senado. Dicha solicitud instaba a la Cámara Baja a retirar la proposición de ley de amnistía.
La negativa de la Mesa del Congreso ha proporcionado al Senado un nuevo argumento para intensificar su conflicto de competencias. Los servicios jurídicos del Senado especifican que la Mesa no posee ni poderes implícitos ni competencias inherentes, según la legislación y la jurisprudencia españolas. En esencia, la Mesa del Congreso no tiene la competencia para rechazar una solicitud presentada por el Pleno del Senado.
La Presidencia del Senado, en respuesta a la decisión de la Mesa del Congreso, recuerda que las competencias de este último están establecidas en el artículo 31.1 de su Reglamento. En ninguna de sus secciones se menciona la posibilidad de responder a la solicitud del Senado, aprobada por su Pleno el 10 de abril.
Los asesores jurídicos de la Cámara Alta sostienen que la respuesta al conflicto presentado por el Pleno del Senado debe ser proporcionada por el Pleno del Congreso, sin la posibilidad de delegar esta función en ningún otro órgano.
El Senado solicitó al Congreso que retirara la proposición de ley de amnistía, alegando que es inconstitucional y que busca una reforma encubierta de la Constitución. Alternativamente, pidió que se anulara su calificación y admisión a trámite, así como todas las acciones realizadas desde entonces.
Esta decisión, sin embargo, no correspondería a la Mesa del Congreso, sino al Pleno de la Cámara. Por lo tanto, al rechazar la solicitud del Senado, el órgano presidido por Armengol ha usurpado a todos los diputados una competencia que solo ellos deberían ejercer en sesión plenaria.
En la reunión de la Mesa del Congreso, los representantes del PP se opusieron a la decisión de la mayoría de PSOE y Sumar con argumentos jurídicos. Posteriormente, calificaron la decisión de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, de proponer rechazar la solicitud del Senado, como un «fraude de procedimiento muy grave».
Los miembros del PP hicieron referencia al artículo 129 del Reglamento que otorga al Pleno, y no a la Mesa, la facultad de decidir sobre la retirada de una proposición de ley que ya ha sido tomada en consideración.
La presidenta del Congreso, Francina Armengol, respaldada por un informe de la secretaría general, decidió responder rápidamente y de manera negativa a la solicitud del Pleno del Senado, con mayoría absoluta del PP. Los miembros del PP expresaron su desacuerdo con este procedimiento y obligaron a que se registrara en el acta de la reunión de la Mesa la acusación del vicepresidente de la Cámara, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, de falsedad y deslealtad constitucional en la demanda del Senado.
El PP respondió a esta acusación argumentando que no hay mayor deslealtad a la Constitución que cambiar de opinión en 24 horas, pasando de calificar la amnistía de inconstitucional a afirmar que encaja perfectamente en la primera ley del Estado.
Para el principal partido de la oposición, la decisión tomada es una nueva arbitrariedad de Armengol que viola el Reglamento del Congreso y la propia Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
Los socialistas justificaron el acuerdo de la Mesa aludiendo a un precedente de 2016 que, en realidad, no es aplicable a las circunstancias actuales ya que en aquella ocasión la Mesa decidió en relación con un conflicto que sí era de su competencia, referente a un veto presupuestario planteado por el Gobierno.
La presidencia del Senado considera inválido el rechazo de su solicitud acordado por la Mesa del Congreso y mantiene en pie el conflicto de asignación de competencias con la Cámara Baja.