
Los planes de la administración para prohibir fumar en terrazas y coches han recibido una respuesta mixta de las autoridades y expertos en salud. El Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo (PIT) está destinado a reducir la prevalencia del tabaquismo en la sociedad y mejorar la salud pública en general. Sin embargo, la falta de detalles y claridad sobre las medidas propuestas ha llevado a un desacuerdo general entre los principales actores de la salud.
El Ministerio de Sanidad presentó el PIT en una reunión con los consejeros autonómicos sanitarios. No obstante, la falta de detalles sobre el calendario de implementación y la contribución económica destinada a cada medida ha provocado incertidumbre. La ausencia de un consenso sobre si se prohibirá fumar en las terrazas y coches ha provocado aún más desacuerdo.
El Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo (CNPT) y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) han expresado su descontento con la falta de consenso. La Comisión de Salud Pública interrumpió su reunión de manera «abrupta» cuando el Ministerio de Sanidad presentó una nueva fórmula para aprobar el PIT, lo que sorprendió a las regiones.
El ministerio informó que se han incorporado un total de «147 propuestas de las comunidades autónomas al plan [de las 157 finalmente presentadas]». Este se aprobará mediante un acuerdo de cooperación entre el Ministerio de Sanidad y las autonomías en una reunión del Consejo Interterritorial.
Pedro Gullón, de la Dirección General de Salud Pública del ministerio, propuso este método, que, según el ministerio, «es una fórmula que contempla el Reglamento del Consejo Interterritorial del SNS». El ministerio se refiere al artículo 14, apartado 2, del reglamento para sacar adelante el PIT.
Las comunidades autónomas, sorprendidas por esta iniciativa, solicitaron tiempo para revisar los cambios efectuados en el plan. El ministerio les dio un plazo de 24 horas para que comuniquen si se adhieren o no al PIT.
Elena Andradas, directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, expresó su asombro por «el nuevo procedimiento que propone Sanidad». La directora general de Salud Pública de Aragón, Nuria Gayán, también expresó su preocupación por la rapidez con la que se está llevando a cabo el proceso.
Las autonomías criticaron la falta de una memoria económica del plan. Gayán estima que a Aragón se le aportarán «46.000 euros en un año», cifra que «nos parece totalmente insuficiente -afirm-. Un plan sin dotación económica y sin calendario de ejecución nos parece flojo».
Desde Galicia, hubo críticas a que «el ministerio descarte, de manera unilateral, llegar a un consenso con las CCAA sobre el PIT». Además, rechazaron varias alegaciones muy importantes, como «la autorregulación de los espacios sin humo (Galicia es referente en este aspecto) y tampoco han confirmado la financiación».
El PIT representa un importante paso hacia la prevención y el control del tabaquismo en la sociedad. Sin embargo, su implementación y éxito dependen de la cooperación y el consenso entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. La falta de claridad y detalles sobre el plan ha llevado a un desacuerdo general, lo que puede retrasar o incluso obstaculizar su implementación.