
Durante los dos años de estado de excepción en El Salvador, un informe publicado por la organización de derechos humanos Socorro Jurídico Humanitario denuncia que se han producido 26.250 detenciones arbitrarias de personas que no han cometido ningún delito. Además, en ese mismo periodo se han contabilizado 241 muertes en las cárceles salvadoreñas, incluyendo dos niños.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, declaró en una entrevista televisiva que se ha arrestado a 79.184 personas, lo que representa el 75% de los pandilleros en el país centroamericano. Según Villatoro, quedarían por arrestar unos 25.000, aunque no todos se encuentran ya en El Salvador.
Ingrid Escobar, directora de Socorro Jurídico Humanitario, criticó la \»improvisación\» del régimen de excepción, vigente desde el 27 de marzo de 2022. Según Escobar, este régimen, que suspende varias garantías constitucionales como la defensa de los detenidos y la inviolabilidad de las telecomunicaciones, no solo está sirviendo para capturar a delincuentes sino también a \»gente inocente\» que incluso está muriendo en las prisiones.
Escobar censuró que, a pesar de la violencia ejercida por las pandillas que resultó en el asesinato de 87 personas en un solo fin de semana, no se tiene información sobre quiénes son los responsables de estas órdenes. De acuerdo con su organización, han recibido cerca de 500 denuncias de personas fallecidas en los centros penales durante el régimen de excepción, de las cuales han confirmado 241, incluyendo dos niños y 14 mujeres.
Escobar detalló que, en 2022, fallecieron 102 personas privadas de libertad, mientras que en 2023 esta cifra se elevó a 116. En lo que va de año ya han perecido 21. La directora de Socorro Jurídico Humanitario denunció que el Estado de El Salvador ha cometido crímenes de lesa humanidad, ya que el 44% de los fallecidos murieron por muerte violenta (torturas) y otro 29% por falta de atención médica.
Escobar también reveló los tratos crueles y humillantes que sufren los reclusos en el marco del régimen de excepción. Un preso liberado de la cárcel de Izalco contó que la \»bienvenida\» al centro de detención consistía en pasar por una cancha deportiva de 50 metros donde los custodios, agentes del Estado, les propinaban golpizas con porras hasta el punto de matar a algunos.
La directora de Socorro Jurídico Humanitario criticó que el fiscal general de El Salvador y el Comisionado para la Defensa de los Derechos Humanos resten importancia a las personas fallecidas en las cárceles bajo el argumento de que no hay pruebas científicas de que haya habido muertes violentas o negligencias médicas.
Según el informe, el 94% de las víctimas mortales del régimen de excepción en las prisiones no eran pandilleros, frente al 6% que sí lo eran. La mayoría de las víctimas no tenían tatuajes alusivos a las pandillas, ni antecedentes policiales, ni penales, sino que tenían una comunidad que los abrazaba.
Escobar señaló que la justicia del Estado de El Salvador está \»masificando los juicios\», hasta el punto de que Villatoro ha advertido de que van a meter a 2.000 personas de una estructura en un mismo proceso judicial. En opinión de la directora del Socorro Jurídico, esto supondrá que \»van a ir justos por pecadores\».
Por estos motivos, Escobar aseguró que su organización no se callará y seguirá denunciando que en los centros penitenciarios de El Salvador \»se están cometiendo delitos de lesa humanidad contra la población carcelaria detenida arbitrariamente, entre ellos, arrestos ilegales, tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes, ejecuciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y desapariciones forzadas\».
Finalmente, la abogada de Socorro Jurídico Humanitario, Jayme Magaña, declaró que están preparados para denunciar dos casos de personas inocentes criminalizadas ante la Fiscalía de El Salvador. Si la justicia del país centroamericano no da una respuesta, anunció que recurrirán a organismos internacionales en los que tienen previsto llevar más casos.