
El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, ha enviado a juicio a José Manuel Villarejo y al exdirector de Seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, acusados de una decena de encargos ilegales de la compañía al comisario jubilado. La decisión del magistrado declara a la empresa responsable civil, lo que implica que se podría solicitar la restitución de las cantidades que se determinen en una eventual condena a su ex empleado.
La medida se produce después de una investigación suficiente para proceder a juicio en la pieza separada 17 del caso Tándem, una serie de causas judiciales relacionadas con supuestas actividades ilícitas de Villarejo. El titular del Juzgado Central de Instrucción Seis también propone juzgar al socio de Villarejo en la empresa Cenyt, Rafael Redondo.
En un momento dado, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, también fue investigado, así como la propia compañía. Sin embargo, el magistrado levantó esas imputaciones.
García-Castellón considera acreditados los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad de documento mercantil. El juez ha solicitado a la Fiscalía Anticorrupción y al resto de acusaciones que presenten sus peticiones de condena, un último requisito para poder ir a juicio.
De acuerdo con la resolución de la investigación, entre los años 2004 y 2011, Antonio Asenjo, en su condición de director de seguridad del Grupo Iberdrola y «con pleno conocimiento de que José Manuel Villarejo Pérez se encontraba en servicio activo como Comisario del Cuerpo Nacional de Policía», le encargó varias investigaciones sobre hechos que afectaban directamente a la compañía Iberdrola.
Según el juez, la finalidad de las investigaciones encargadas a Villarejo «en nombre y por cuenta del Grupo Iberdrola» fue «obtener información sobre personas físicas y jurídicas que pudiera ser utilizada por la compañía para la defensa de sus intereses». Como resultado de estos encargos, la empresa de Villarejo recibió un total de 1.455.064 euros del Grupo Iberdrola.
Entre los proyectos encargados a la empresa de Villarejo se encuentran la investigación al entonces presidente de Endesa, Manuel Pizarro, una de las principales competidoras de Iberdrola en el mercado. Como parte de este proyecto denominado Black board, los investigados obtuvieron el tráfico de llamadas de Pizarro y recopilaron información sobre personas con las que contactó en el contexto de la OPA que Gas natural realizó en 2005 sobre Endesa.
El juez afirma que los pagos realizados y recibidos por cuenta del Grupo Iberdrola fueron justificados mediante la emisión de una serie de facturas en las que se manipularon los conceptos para reflejar servicios distintos a los que realmente se prestaron. Esto se hizo para enmascarar el hecho de que «habían sido prestados por un comisario activo del Cuerpo Nacional de Policía».