
El tema de la regularización extraordinaria de cerca de 500.000 extranjeros en una situación administrativa irregular ha provocado desacuerdos dentro del gobierno español. El partido político Sumar ha estado presionando al PSOE para que respalde en el Pleno del Congreso la consideración de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Esta ILP, respaldada por 700.000 firmas, busca legalizar a las personas que han estado viviendo en España desde antes del 1 de noviembre de 2021.
El PSOE, socio mayoritario de la coalición, ha evitado revelar su posición de voto. Sin embargo, fuentes de la dirección de Ferraz han admitido que tienen dudas sobre la legalidad de esta medida. Señalan que el marco jurídico de la Unión Europea podría no permitir un proceso de regularización «generalizado» como el que se propone.
«No entiendo qué directiva o reglamento infringiría esta regularización, ya que las competencias en materia de residencia son nacionales. Por lo tanto, España podría adoptar esta decisión sin contravenir ninguna disposición del ordenamiento jurídico comunitario», afirmó Ernest Urtasun, portavoz de Sumar, en respuesta al equipo de Pedro Sánchez.
El partido de Yolanda Díaz insiste en su apoyo «firme» a esta propuesta. Alegan que tiene un «amplio respaldo popular» y que «es una cuestión de justicia social». También intentan recordar al PSOE la última regularización que se llevó a cabo en España en 2005, bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Afirman que «fue un gran éxito» ya que permitió «reconocer derechos laborales» a 600.000 personas.
Además del voto a favor de Sumar, la ILP promovida por la Plataforma Esenciales, que cuenta con diversas organizaciones sociales, tiene el compromiso de apoyo de ERC, Bildu, BNG y PNV. Durante la defensa de la medida en el Congreso el 12 de marzo, PP y Vox ya adelantaron que se opondrían a su tramitación parlamentaria.
«Estamos en un limbo burocrático. Somos parte de la sociedad y desempeñamos trabajos esenciales, pero no podemos alquilar un piso, firmar un contrato o tener una tarjeta sanitaria», argumentan desde el colectivo de personas inmigrantes. «Se nos dice que somos esenciales, pero carecemos de los derechos más básicos», agregan.
La ILP registrada en el Congreso propone la modificación de la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. En concreto, sugiere que el Gobierno, mediante Real Decreto, establezca en el plazo de seis meses desde su aprobación en caso de que se produzca, «un procedimiento para la regularización de los extranjeros que se encuentren en territorio español antes del día 1 de noviembre de 2021».