
El fiscal general, Álvaro García Ortiz, ha roto su silencio en torno al escándalo que ha causado revuelo en la Fiscalía en las últimas semanas, el cual involucra la filtración de datos privados concernientes a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Esto sucede después de semanas de silencio absoluto sobre el asunto por parte de García Ortiz, quien ha estado en el ojo del huracán debido a este incidente.
Durante un acto de toma de posesión de fiscales en la sede de la Fiscalía General, García Ortiz se pronunció en defensa de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y del fiscal asignado al caso, Julián Salto. Ambos fiscales han sido demandados por revelación de secretos por Alberto González Amador, pareja de Ayuso e investigado por fraude fiscal, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
García Ortiz, quien según reportes de EL MUNDO, dio la orden al gabinete de prensa de la Fiscalía Superior de Madrid de divulgar la nota con los detalles de un posible acuerdo de conformidad, asumió la responsabilidad de estos hechos en público por primera vez. «Asumo la responsabilidad última de esa nota de prensa», declaró el fiscal general.
Además, intentó respaldar las acciones del Ministerio Público afirmando que «la comunicación de la Fiscalía no contenía información que pudiera perjudicar el derecho de defensa ni datos de carácter confidencial que tuvieren incidencia procesal alguna en un ulterior procedimiento judicial».
El fiscal general también advirtió que no permitirá que «ningún fiscal tenga que soportar las consecuencias del funcionamiento transparente de nuestra institución» y que no tolerará que «la fiscal jefa de Madrid o el fiscal encargado del caso sean perturbados por ejercitar la acción penal ante la posible comisión de hechos de naturaleza delictiva».
García Ortiz sostiene que el Ministerio Fiscal, que también ha sido demandado por el Colegio de la Abogacía de Madrid, «se limitaba a desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados, informaciones falaces e interesadas previamente publicadas por algunos medios».
Fuentes internas de la Fiscalía apuntan a que existe una gran preocupación dentro de la Fiscalía General del Estado acerca de la posibilidad de que ambas demandas -la interpuesta por el novio de Ayuso y la del ICAM- sean admitidas a trámite.
Este escándalo ha suscitado un debate acalorado sobre la ética y la transparencia en las instituciones gubernamentales, y ha puesto bajo el reflector la gestión de García Ortiz y su equipo. La filtración de datos privados es un delito grave que puede tener ramificaciones significativas no solo para los involucrados directamente, sino también para la confianza del público en la Fiscalía y las instituciones gubernamentales en general.
A medida que se desarrolla el caso, es probable que surjan más detalles y que los implicados deban responder por sus acciones. Sin embargo, hasta ahora, García Ortiz ha asumido la responsabilidad de la nota de prensa y ha defendido las acciones de su equipo. Las futuras acciones y respuestas de las partes involucradas serán determinantes en la resolución de este caso y en la restauración de la confianza del público en la Fiscalía.