
El Tribunal de Cuentas ha cuestionado la reforma de la antigua Secretaría de Estado de Migraciones, actualmente el edificio central del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, realizada bajo un contrato de emergencia durante la pandemia. Esta reforma, que se presentó como una estrategia innovadora para fomentar la productividad y el intercambio de ideas, ha sido criticada por su ejecución y el proceso de contratación.
Dicha reforma, que fue dirigida por el entonces ministro José Luis Escrivá, tuvo como objetivo primordial la creación de espacios abiertos y salas comunes. El propio ministro no contaba con un despacho aislado, una decisión que subraya la nueva visión de trabajo colaborativo y de intercambio de ideas.
Sin embargo, el Tribunal de Cuentas ha señalado en su informe de fiscalización que la remodelación del edificio no respondió a las necesidades inmediatas de protección de los trabajadores durante la pandemia, que habría justificado una contratación de emergencia. En su lugar, los tres contratos adjudicados por el ministro Escrivá, que sumaban un total inicial de 883.500 euros, fueron «aprovechados para proceder a una reestructuración del inmueble de mayor envergadura».
La reforma fue realizada por la empresa Transformación Agraria, TRAGSA. La justificación de la emergencia de las obras se basó en la necesidad de adaptar las instalaciones del edificio administrativo a las recomendaciones del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo sobre la distancia de seguridad que debían mantener los trabajadores durante la pandemia.
No obstante, el Tribunal de Cuentas ha expresado su disconformidad con la «envergadura de la obra». Según el Tribunal, el expediente no explica la evaluación o conveniencia de adoptar otras medidas como la redistribución del personal o el establecimiento de turnos presenciales. Además, los trabajos se prolongaron durante seis meses y el contrato fue modificado en más de un 128% de su importe para atender a necesidades estructurales del edificio. Esta modificación elevó el coste total de la obra a 1.938.994 euros.
El Tribunal sostiene que el objetivo de la reforma fue, en realidad, aprovechar la situación para llevar a cabo una reestructuración de mayor envergadura del edificio. Según el Tribunal, esto debería haber sido objeto de un contrato diferenciado tramitado por procedimiento ordinario.
El informe de fiscalización recuerda que «las prestaciones contratadas a través de la tramitación de emergencia deben limitarse a lo estrictamente indispensable para hacer frente a la situación que la justifica». En este sentido, señala que cualquier actuación que no tenga carácter de emergencia debe contratarse siguiendo la tramitación ordinaria.
Este caso pone de relieve la importancia de una contratación y gestión transparentes, especialmente en tiempos de crisis. La remodelación del edificio del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha sido cuestionada no solo por su coste, sino también por su procedimiento de contratación y ejecución, lo que plantea importantes cuestiones sobre la responsabilidad y la rendición de cuentas en la gestión pública.