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En un nuevo giro de eventos en el ya controvertido ‘caso Koldo’, el PSOE balear liderado por Francina Armengol se encuentra en una situación defensiva, mientras que intenta implicar a su adversario político en el mismo caso.
En el centro de la controversia se encuentra una suma de 3,7 millones de euros, que se pagaron a una trama investigada por la Audiencia Nacional durante el gobierno socialista de las Islas Baleares. Esta cantidad fue destinada a la adquisición de mascarillas defectuosas que, al final, nunca fueron utilizadas.
Sin embargo, los socialistas están ahora dirigiendo sus acusaciones hacia el director general de Salud del gobierno regional del PP, a quien acusan de varios supuestos delitos de corrupción.
El PSOE balear, que tardó casi tres años en iniciar internamente un expediente de reclamación del dinero, señala al actual Ejecutivo de haber permitido que la reclamación caducara.
Iago Negueruela, portavoz del PSOE en las Islas y consejero del Govern que en 2020 pagó las mascarillas ‘fake’, ha anunciado que su formación emprenderá acciones judiciales contra el director general de Salud, acusándolo de presunta prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
Se le atribuye la renuncia al primer expediente de reclamación de las mascarillas que se compraron en pandemia a la empresa Soluciones de Gestión, la cual se encuentra bajo investigación por la Audiencia Nacional.
Junto a la diputada Mercedes Garrido, Negueruela denuncia que el director general de Salud, con el conocimiento de la presidenta del Govern, Marga Prohens, y del resto del Ejecutivo autónomico, creó un expediente para ocultar la caducidad de la reclamación que había iniciado el anterior Govern.
El actual Govern fue el que firmó la reclamación del dinero y se lo comunicó a la empresa de las mascarillas, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, en un documento que el director general de Salud rubricó cuando llevaba apenas un mes y dos semanas en su cargo público.
La reclamación del dinero realizada por el Govern del PP se complicó debido a que el Govern de Armengol había firmado a la compañía de las mascarillas un certificado de satisfacción del suministro.
Hace unas semanas, el gobierno del PP anunció que cerraba el primer expediente de reintegro y abría uno nuevo para tratar de recuperar la totalidad del dinero. La propuesta del PSOE era reclamar 2,6 millones de euros y no los 3,7 millones pagados. Ese expediente de reclamación sigue vivo.
Este caso pone en evidencia las tensiones políticas y los retos administrativos que se han presentado durante la pandemia, y que han llevado a situaciones en las que se ha cuestionado la gestión de los recursos públicos. En este caso, la controversia gira en torno a la adquisición de material sanitario defectuoso y el uso de los fondos públicos.