
El Tribunal de Cuentas del juicio por malversación en el 1-O y los gastos en el exterior ha experimentado una reactivación en su caso, gracias a las acciones de la consejera responsable, Elena Hernéz. Esta información se ha obtenido de fuentes del órgano fiscalizador consultadas por EL MUNDO.
Elena Hernéz ha solicitado al fiscal del Tribunal de Cuentas que formule su opinión sobre las conclusiones antes de emitir una sentencia sobre los treinta independentistas que, presumiblemente, malversaron millones de euros en el referéndum ilegal del 1 de octubre, así como en la creación de embajadas y el Diplocat.
El organismo del Estado busca recuperar el dinero público que fue desviado para fines ilegales. En noviembre pasado, los abogados de los 35 líderes independentistas acusados de malversar hasta cinco millones de euros presionaron a la consejera encargada del caso para que adoptara la amnistía, tras alcanzar los acuerdos de investidura. Entre los acusados se encuentran figuras destacadas como el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, su vicepresidente, Oriol Junqueras, y los ex consejeros Raúl Romeva y Jordi Turull.
Según el ex consejero de presidencia de la Generalitat, Francesc Homs, tras la vista celebrada el 17 de noviembre en la sede del Tribunal de Cuentas, «Es batalla perdida». Por su parte, el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, calificó la situación como «un dislate. No tiene sustento». Boye incluso sugirió que los independentistas han tenido que gastar mucho dinero en este proceso del Tribunal de Cuentas y, aunque no llegó a afirmar que forma parte del llamado lawfare, advirtió que «un día habrá que mirarlo».
Junts y el PSOE llegaron a un acuerdo en el que se establece que puede haber «acciones de responsabilidad» si el aparato judicial actúa con fines intimidatorios contra el separatismo, que es en lo que consiste el presunto lawfare.
Tanto Francesc Homs como Gonzalo Boye y otros abogados de los 35 independentistas acusados solicitaron a Hernéz que les ahorrara continuar con el juicio por economía procesal. No obstante, la consejera se declaró «consciente de las circunstancias de toda índole» que rodean el caso, pero se resistió a suspender el juicio mientras la amnistía no esté en vigor.
Manuel Martín-Granizo, fiscal del Tribunal de Cuentas, apoyó a Hernéz. Reconoció que es probable que, con la aprobación de la ley de amnistía, sea inútil continuar con lo que terminará evitando que todos los acusados devuelvan el dinero público malversado. Sin embargo, respaldó que, mientras esté en tramitación la ley, se puede continuar con el juicio.
Este caso de malversación ha generado un gran debate en la sociedad y ha puesto en el foco a varios líderes independentistas. La decisión final aún está pendiente y la tensión continúa aumentando a medida que se acerca el día de la sentencia. Aunque muchos consideran que esta batalla judicial está perdida, todavía hay quienes se resisten a abandonar la lucha. La posición de la consejera Elena Hernéz será crucial en el desarrollo de este caso y todos los ojos están puestos en ella para ver qué decisiones tomará en el futuro.