
Tras intensos meses de negociaciones, los partidos de la coalición que dirige el canciller Olaf Scholz han llegado finalmente a un acuerdo para la introducción a nivel federal de una tarjeta de débito para los solicitantes de asilo que lleguen a Alemania. Este acuerdo se logró tras la aceptación a regañadientes de los Verdes de eliminar el pago en metálico de las prestaciones por considerarlo discriminatorio. Con este avance, los socialdemócratas (SPD) y los liberales (FDP) iniciarán la próxima semana las negociaciones en el Bundestag para la tramitación del proyecto de ley.
El objetivo principal de la tarjeta de débito es liberar a las autoridades locales de la tarea de abonar en efectivo todas las prestaciones a los solicitantes de asilo mes a mes, lo que supondrá un alivio administrativo. Sin embargo, la tarjeta también tiene un propósito más controvertido: desincentivar a las personas que se plantean abandonar su país para instalarse en Alemania y motivar a quienes solo buscan prestaciones en efectivo a hacer las maletas.
Con la nueva tarjeta, los titulares no podrán transferir el dinero de las ayudas sociales a los países de origen, a familiares o a traficantes. Tampoco se autorizarán transferencias ni domiciliaciones bancarias dentro de Alemania. La tarjeta solo se podrá utilizar en la zona donde el receptor de las ayudas esté registrado y apenas se le permitirá una retirada en efectivo mínima. Alemania protege así sus fondos públicos y acota la movilidad de los solicitantes de asilo.
A pesar de sus ventajas, la introducción de la tarjeta de débito ha suscitado una gran polémica en el Bundestag. La diputada verde Stephanie Aeffner, crítica de la tarjeta de pago, apunta que las autoridades locales podrían enfrentarse a una sobrecarga de burocracia, ya que las transferencias y los adeudos directos no son posibles con la tarjeta. Esto significaría que los refugiados tendrían que acudir a las autoridades para cada pequeña petición.
Para resolver este problema, los Verdes han impulsado un reglamento que permitiría a los Estados federados autorizar la tarjeta chip para determinados servicios estándar, como los gastos de electricidad o teléfono. Este aspecto es crucial, ya que una vez que los refugiados se han mudado a un piso, tienen que pagar ellos mismos la electricidad, el teléfono o los comerciantes.
El Colegio de Abogados alemán, que se pronunciará sobre estas cuestiones en una audiencia de expertos del Bundestag el lunes, también ha advertido contra los obstáculos cotidianos demasiado elevados para los solicitantes de asilo. «Debe garantizarse la participación en las transacciones de pago sin efectivo», reza la declaración.
El acuerdo alcanzado por los partidos de la coalición estipula que las autoridades locales deben garantizar que los solicitantes de asilo puedan cubrir sus necesidades domésticas personales y pagar las facturas de electricidad o los billetes de autobús. Si, por ejemplo, en una zona rural no hay ningún cajero automático disponible para pagar con tarjeta, el viaje en autobús debe seguir siendo posible.
Andreas Audretsch, líder adjunto del Partido Verde, explicó que el dinero para la excursión escolar, el billete de autobús para ir al centro de formación, la electricidad o la conexión a Internet… todo esto debe estar garantizado a nivel local cuando se introduzcan las tarjetas de pago. «Especialmente los niños que se quedan en Alemania de forma permanente deben poder integrarse», añadió.
Por su parte, Lukas Khler, jefe adjunto del grupo parlamentario del FDP, también expresó su satisfacción. Las exigencias de la Conferencia de Presidentes de Ministros y del Gabinete Federal se han aplicado «sin cambios sustanciales». Con la tarjeta de pago, los estados federales podrán ahora «eliminar uno de los principales factores de atracción de la inmigración irregular«.
Hasta ahora, los refugiados que vivían en alojamientos compartidos recibían principalmente prestaciones en especie. En cambio, las personas que viven fuera de las instalaciones comunes tenían prioridad para recibir dinero en efectivo. Esto cambiará gracias a la reforma legislativa, lo que dará a los estados federados y a las autoridades locales más opciones en cuanto a cómo pueden proporcionar las prestaciones.
El diseño específico de la tarjeta de pago será responsabilidad de los estados federales y se espera que los 14 de los 16 que han decido crear un marco común y jurídicamente seguro inicien el proceso de licitación pública para la introducción de la tarjeta de débito inmediatamente para que entre en vigor en verano.