
Nancy Khawam, una de las residentes del infame edificio incendiado en Campanar, Valencia, exige justicia y pide una nueva investigación en caso de negligencia. En representación de la Asociación de Residentes Damnificados por el Incendio de Campanar (Ardic), se ha presentado en el tribunal para solicitar la reapertura de la investigación judicial, dos meses después de la tragedia que dejó diez muertos.
La noticia del archivo de la investigación judicial fue recibida con sorpresa y dolor por los residentes en duelo. El juez no encontró indicios de delito en el incendio, que posiblemente se originó por un fallo eléctico de un electrodoméstico. Sin embargo, Ignacio Grau, el abogado que representa a las familias de seis de las víctimas, considera que la decisión de archivar la investigación fue «totalmente sorpresiva e injusta».
Para Grau, es prematuro asumir que no hubo delito. Más allá de cómo comenzó el fuego, la rapidez con la que las llamas se propagaron por la fachada «ya requiere una investigación». Además, Grau sugiere que algunos vecinos se salvaron porque desobedecieron las instrucciones de los bomberos.
Grau ha solicitado a la Audiencia Provincial de Valencia que ordene la reapertura del caso. En su recurso, al que también se ha unido la Fiscalía, pide que se cite como testigos al jefe de la Brigada de Policía Científica o al jefe del servicio de bomberos. Grau argumenta que aún no se han analizado completamente las causas del incendio.
La defensa de las víctimas cuestiona si se cometió una imprudencia y si se puede llevar a cabo una investigación contra varias partes posiblemente responsables: el propietario o inquilino de la vivienda donde se originó el incendio, los fabricantes de electrodomésticos, las empresas de mantenimiento, los promotores y constructores del edificio, y el servicio de bomberos.
Grau sostiene que la decisión del juez de archivar el caso es contradictoria, ya que afirma que no hay evidencias de delito, pero al mismo tiempo, no se ha investigado nada. El abogado critica que la instrucción solo duró 14 días sin que se llevaran a cabo diligencias para determinar posibles responsables.
Mientras tanto, los supervivientes enfrentan la incertidumbre sobre el futuro del edificio. La declaración de ruina, la demolición completa o parcial, la reconstrucción o la rehabilitación son opciones que aún están en consideración, pendientes de los informes periciales de las compañías de seguros y la propia comunidad de vecinos.
Los propietarios esperan tener los resultados de los informes técnicos en tres meses y ya han formado Aproicam, una asociación para «apoyar, ayudar y asesorar» a los miembros. Sin embargo, enfrentan el desafío de los precios de alquiler en el barrio que han subido un 20%.
Las familias que perdieron todo continúan pagando la hipoteca y algunos han recibido aplazamientos de sus bancos. Además, deben enfrentarse a un alquiler indefinido y posiblemente a contribuciones económicas para la reconstrucción, que quizás no puedan cubrir con las indemnizaciones que reciban.
A través de Aproicam, están dispuestos a recibir donaciones y organizar eventos para recaudar fondos, y tratar de reconstruir sus vidas en el lugar donde el fuego lo destruyó todo en febrero.