
Un presunto pandillero salvadoreño, que trabajaba en la construcción y vivía en España desde hace más de cinco años, fue detenido el pasado 16 de abril por la Policía Nacional. El sospechoso, vestido de obrero y con guantes de protección en su bolsillo trasero, no esperaba ser arrestado por agentes vestidos de paisano. Sin embargo, a pesar de la aparente victoria de las autoridades españolas, su deportación interesada peligra debido a las políticas penitenciarias y judiciales iniciadas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que la Fiscalía española considera una vulneración de derechos humanos.
Según informes de la policía, el detenido es miembro de la banda Barrio 18, también conocida como Calle 18 o Mara 18. Esta es una de las principales pandillas de El Salvador, que junto con la Mara Salvatrucha, controlan el crimen organizado en el país centroamericano. Las raíces de estas pandillas se remontan a Los Ángeles, California, en la década de los 60.
El pandillero arrestado estaba siendo buscado por las autoridades de su país natal por su supuesta participación en delitos de homicidio agravado, privación de libertad y extorsión agravada. Estos crímenes están todos vinculados a la actividad delictiva habitual de su pandilla, según fuentes de la Policía Nacional.
El arresto del salvadoreño fue realizado conjuntamente por el Grupo de Localización de Fugitivos y la Comisaría General de Información. Este se produjo tras la recepción de una noticia roja de Interpol emitida por El Salvador, que motivó las investigaciones para su localización.
Tras su arresto, el detenido fue presentado ante el Juzgado Central de Instrucción cuatro de la Audiencia Nacional. Este tribunal es el competente para decidir sobre las extradiciones solicitadas y decretó su ingreso en prisión a la espera de una vista en una de las cuatro salas del Alto Tribunal.
No obstante, el mismo día de su arresto, la Fiscalía de la sección cuarta de la Audiencia Nacional anunció su oposición a la extradición de otro miembro de la pandilla Calle 18. Este último ya contaba con una condena en firme en su país. La fiscalía argumentó en sus conclusiones que no procede acceder a la solicitud de extradición a El Salvador debido al riesgo real de violación de derechos humanos.
En su argumentación, la Fiscalía de la Audiencia Nacional afirmó que la situación actual en El Salvador resulta ser un compendio de todas las vulneraciones posibles de derechos procesales fundamentales. Asimismo, describió el estado penitenciario del país como calamitoso, basándose en un dictamen de la Corte Internacional de Derechos Humanos.
Esta detención y posible extradición plantea cuestiones sobre las políticas de derechos humanos y penitenciarias en El Salvador. Mientras tanto, el presunto pandillero salvadoreño continúa en prisión en España, a la espera de una decisión sobre su futuro.