
El anuncio del Gobierno sobre la creación de una «Comisión de supervisión, normalización y representación» para abordar la crisis de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha sido recibido con una mezcla de alivio y resignación. Después de tumultuosas semanas de maniobras políticas y disputas internas, la noticia se ha interpretado como «la solución menos mala» por los diversos actores involucrados en el drama de la RFEF.
Este nuevo órgano busca corregir la grave situación que atraviesa la RFEF, marcada por acusaciones de corrupción y falta de transparencia. Su objetivo es iniciar una etapa de regeneración bajo un clima de estabilidad e institucionalidad. Se espera que esté por encima o al menos en paralelo a quien ostente el poder en la Federación.
En un aparente consenso, todas las partes interesadas en el fútbol español, incluyendo el Consejo Superior de Deportes (CSD), la Liga, el Comité Olímpico Español, y varios presidentes de Federaciones territoriales, han respaldado la creación de este órgano. Sin embargo, es importante subrayar que ni la UEFA ni la FIFA han participado en las conversaciones.
Es evidente que el Gobierno ha jugado un papel preponderante en la resolución de esta crisis. La ministra de Deportes, Pilar Alegría, y el secretario de Estado, Rodríguez Uribes, han estado en constante comunicación, intentando navegar por el laberinto político que se ha convertido la RFEF.
Una figura en el centro de esta controversia es Rocha, una figura polémica que ha sido criticada por su estilo de liderazgo. A pesar de las acusaciones, Rocha sigue siendo el único candidato a presidir la Federación, lo que ha complicado la situación.
En un intento de resolver este dilema, se activaron las denuncias de Miguel Galán ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). Esto podría abrir la puerta a una suspensión provisional por parte del CSD. Sin embargo, los servicios jurídicos han advertido sobre un obstáculo legal: actualmente, Rocha no ostenta ningún cargo en la Federación, lo que pone en duda la viabilidad de su suspensión.
En este complicado escenario, la creación de la Comisión fue propuesta hace varias semanas por un destacado personaje del deporte español. La idea fue acogida por el Gobierno y finalmente implementada, apoyándose en la Ley del Deporte. Esta ley reconoce el deporte como «un bien de interés público estatal», lo que proporciona al Gobierno la autoridad para intervenir en situaciones de crisis.
A pesar de su papel controvertido, Rocha ha aceptado el papel secundario que le otorga esta Comisión. Si todo va según lo planeado, Rocha será presidente de una Junta Directiva o de una Comisión Gestora, pero su papel será más interno. La figura pública que lidere la Federación será alguien conocido por el público, como Vicente del Bosque, cuyo nombre ha sido mencionado aunque aún no ha confirmado su participación.
La nueva Comisión estará compuesta por «personas independientes de reconocido prestigio». A Rocha y sus seguidores se les pide que mantengan un perfil bajo y se dediquen únicamente «a la mera administración ordinaria de la entidad, tal y como exige la ley». Esta medida está diseñada para calmar los nervios de la UEFA y la FIFA, que han expresado su preocupación por la crisis en la RFEF.
La respuesta de la FIFA y la UEFA a la creación de la Comisión ha sido de preocupación. Una fuente importante de la FIFA afirmó que no habían dado su aprobación a la medida. Sin embargo, el CSD sostiene que Uribes y el secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, han discutido el caso de la Federación italiana en 2006, cuando el Gobierno del país intervino la Federación debido a la corrupción sistémica en las designaciones arbitrales.
A pesar de este precedente, el visto bueno de la FIFA y la UEFA al nuevo pacto en España aún no ha llegado. Esto plantea interrogantes sobre el futuro de la Comisión y, en última instancia, sobre el futuro de la RFEF. Es un hito importante en la historia del fútbol español, y la forma en que se maneje podría tener ramificaciones a largo plazo para el deporte en el país.