
El caso del asesinato de Miguel Ángel Blanco ha dado un paso decisivo hacia la justicia. La Audiencia Nacional ha emitido una orden de procesamiento contra cuatro ex líderes de la organización terrorista ETA, los presuntos responsables intelectuales del secuestro y asesinato del concejal blanco en julio de 1997.
En una decisión crucial, el juez Manuel García-Castellón ha señalado a estos antiguos líderes de ETA como culpables de autoría mediata y comisión por omisión del atentado. Este paso judicial llevará a los acusados a enfrentarse a un juicio, con una fianza conjunta fijada en dos millones de euros que deben ser depositados dentro de las 24 horas.
Los cuatro procesados son José Javier Arizcuren Ruiz, conocido como Kantauri; Ignacio Gracia Arregui, o Iñaki de Rentería; María Soledad Iparraguirre, apodada Anboto; y Mikel Albisu, también conocido como Mikel Antza. Este último era considerado el número uno de la trama de ETA en aquella época.
El juez García-Castellón ha señalado a estos individuos por su autoría intelectual. Según su análisis, ellos podrían haber evitado el crimen pero no lo hicieron. Esto lleva a considerarles como autores intelectuales del crimen, ya que dieron su aprobación a los crímenes contra políticos como parte de la «socialización del terror» impulsada por ETA.
El auto del juez destaca la fuerte jerarquía y disciplina que reinaba en ETA. La organización terrorista operaba con una cadena de mando vertical y militar, en la que las órdenes del Comité Ejecutivo llegaban a los integrantes de los comandos operativos para ser cumplidas.
La decisión de llevar a cabo la acción terrorista contra Miguel Ángel Blanco no fue tomada por un solo miembro del Comité Ejecutivo de ETA. En cambio, requirió del consenso y una decisión colectiva por todos los miembros de la dirección.
El magistrado sostiene que los miembros del Comité Ejecutivo de ETA en el momento del secuestro del concejal del PP podrían haber evitado su asesinato. Sin embargo, no lo hicieron.
El auto detalla las pruebas y documentos existentes sobre cada uno de los cuatro procesados que demuestran que formaban parte de la cúpula de ETA, quienes tomaban las decisiones y avalaban las acciones de los comandos. Estas pruebas incluyen material documental incautado en operaciones y las ‘cantadas’ de los etarras detenidos, así como sus escritos de autocrítica donde exponen sus dependencias jerárquicas.
Este procedimiento judicial abre el camino para otros sumarios que aún se instruyen en la Audiencia por otros crímenes, como el de Santa Pola, el de Gregorio Ordóñez o el del magistrado Querol Lombardero, en los que también figuran como investigados los jefes de ETA.
En 2022, García-Castellón abrió diligencias por una querella de Dignidad y Justicia, que solicitaba actuar contra los jefes de ETA en julio de 1997, fecha en que se cometió el atentado. En la causa también está personado el Partido Popular. Ambas acusaciones destacan la gran importancia de este procesamiento que abre la puerta a otras actuaciones en otros sumarios por la «autoría mediata».
Además de la jurisprudencia del Supremo y los contundentes informes de la Policía y la Guardia Civil, el magistrado también ha tenido en cuenta la declaración de dos etarras confesos que aportaron testimonio directo a la Audiencia Nacional sobre la estructura de ETA y cómo se dirigía la organización terrorista.
En un comunicado, Dignidad y Justicia explica que este caso fue el primero que consiguió reabrir «por la vía de la autoría mediata y la comisión por omisión. El procesamiento de la cúpula de ETA en el caso Miguel Ángel Blanco abre la puerta a que la Audiencia Nacional siente en el banquillo también a quienes eran responsables de la banda terrorista cuando se produjeron los mencionados atentados. Este caso está llamado a convertirse en un punto de inflexión en la batalla judicial contra los casos sin resolver, pues abre una puerta nunca antes explorada para esclarecer cientos de asesinatos hasta el momento impunes por la vía de la acusación de los jefes de la organización».