
El ex ministro y ex presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, ha vivido un revés significativo en su estrategia de defensa en el caso Erial, un día después de su primera declaración ante el juez. Su viejo amigo, Joaquín Barcel, conocido como Pachano, ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía que ha dejado en jaque la postura de Zaplana.
Hasta entonces, Zaplana había negado cualquier vinculación con las cuentas bancarias y las sociedades en paraísos fiscales que supuestamente su círculo íntimo usó para canalizar sobornos por la adjudicación de contratos públicos durante su mandato en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, la confesión de Barcel ha arrojado una nueva luz sobre el caso.
Barcel ha admitido que actuaba como el testaferro de Zaplana, manejando fondos en Andorra y Luxemburgo que, según él, pertenecían a Zaplana. Barcel incluso detalló que en algunas ocasiones, Zaplana enviaba a su chófer para recoger dinero. A pesar de haber sido engañado por Zaplana, Barcel afirmó que cumplió con las solicitudes de su amigo, a quien consideraba su «amigo del alma».
Barcel relató que Zaplana le había confiado una vez que había encontrado una cantidad de dinero inesperada y le pidió que se hiciera cargo de ella para evitar la atención mediática, ya que estaba en política. Esta suma, depositada en Luxemburgo, ascendía supuestamente a 2.5 millones de euros. Sin embargo, Barcel afirmó que Zaplana le mentió y que no supo que la cantidad era en realidad de 6.5 millones hasta que fue detenido en 2018.
Además de ser el presunto testaferro de Zaplana, Barcel también ocupó cargos en la Generalitat y en Terra Mítica. Viajó a Luxemburgo por orden de Zaplana con los hermanos Vicente y José Cotino, dueños de Sedesa, para poner a su nombre los fondos de la comisión por la privatización de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).
Barcel era considerado uno de los principales testaferros de Zaplana, por lo que el fiscal solicitaba para él una condena de ocho años por pertenencia a grupo criminal y blanqueo. Sin embargo, tras su acuerdo con la fiscalía y su confesión, es posible que su condena se vea reducida.
Otra operación que involucra a Barcel, Zaplana y su asesor, Francisco Grau, se refiere a una cuenta en Andorra. Según Barcel, Grau le pidió que llevara cinco millones de euros a Andorra, dinero que supuestamente pertenecía a Zaplana. Sin su permiso, estos fondos fueron transferidos a su cuenta personal.
Barcel ha señalado a Grau en varias ocasiones. Según él, firmó todo lo que Grau le presentó, incluyendo la operación de ampliación de capital que permitió a una de las sociedades sospechosas, Medlevante, recibir el dinero de Luxemburgo.
Entre las «inversiones de Zaplana» que Barcel mencionó, se incluye la compra de áticos en Altea y de un piso en Núñez de Balboa en Madrid. Barcel intervino en estas operaciones a través de sus propias sociedades, ya que Zaplana prefería que las propiedades estuvieran a su nombre.
A pesar de las revelaciones de Barcel, Zaplana ha negado tener cualquier negocio con él. Sin embargo, el nombre de Barcel aparece en las cuentas bancarias que la trama abrió en paraísos fiscales para recibir las comisiones y sobornos procedentes de la privatización de la ITV y la adjudicación de los parques eólicos. Zaplana incluso atribuyó a Barcel la titularidad del dinero en Andorra.
Zaplana también mencionó al abogado Saturnino Suanzes en relación con el «problema» que Barcel tuvo con el dinero cuando sus cuentas en BPA fueron bloqueadas. Suanzes es otro de los acusados en el caso, sospechoso de ser intermediario en el movimiento del dinero negro.