Comisionado presidencial en El Salvador arrestado por solicitar dinero a individuos y empresas a cambio de beneficios.
Vicente 
El jueves se hizo palpable la guerra contra la corrupción anunciada por Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, en junio de 2023. El comisionado presidencial de proyectos estratégicos, Christian Herson Flores Sandoval, y su asistente, José Ángel Quintanilla, fueron detenidos por el delito de cohecho impropio. La acusación se basa en las sospechas de que Flores Sandoval utilizó su posición para solicitar dinero a individuos y empresas a cambio de beneficios y participación preferencial en proyectos gubernamentales.
La noticia fue difundida por la Fiscalía General de la República en las redes sociales. La Fiscalía emitió una orden de arresto para el Comisionado Presidencial y publicó una fotografía de él esposado y custodiado por dos policías fuertemente armados.
Bukele, que asumirá su segundo mandato como presidente de El Salvador a partir del 1 de junio, tras una victoria contundente en las elecciones celebradas el 4 de febrero, advirtió en su cuenta de la red social X (antiguo Twitter) que la detención de Flores Sandoval «no es la primera y tampoco será la última». En este sentido, destacó que, «si Dios lo permite, nuestra guerra contra la corrupción será tan exitosa como nuestra guerra contra las pandillas«, refiriéndose al Plan de Control Territorial y al Estado de Excepción, vigente desde marzo de 2022.
La Fiscalía anunció que Flores Sandoval será presentado ante los tribunales correspondientes «para que sea procesado y responda ante las leyes». Este caso es «solo el inicio de una amplia investigación para deducir responsabilidades y de otros delitos de corrupción». En el caso de ser declarado culpable, Flores Sandoval podría enfrentarse a una pena de prisión de entre dos y cuatro años, así como a la inhabilitación de su cargo.
Flores Sandoval renunció en 2020 a ser candidato a alcalde del municipio de San Miguel con el partido Nuevas Ideas, fundado por Bukele. Esta decisión fue el resultado de una negociación con el entonces candidato de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Wilfredo Salgado, en la que se acordó que Salgado lideraría la coalición entre Nuevas Ideas y GANA.
Como comisionado presidencial, Flores Sandoval era responsable de presentar y aprobar proyectos gubernamentales y de supervisar su progreso. Cada tres meses tenía que informar al presidente Bukele sobre los avances de estos planes. En noviembre de 2023, poco antes de tomarse una licencia de seis meses para participar en la campaña electoral con miras a su reelección, Bukele solicitó al fiscal general, Rodolfo Delgado, que investigara a todos los integrantes de su gabinete.
Bukele ha expresado sus temores respecto a dejar un «mal legado», teniendo en cuenta que hay presidentes en El Salvador que están presos y otros fugitivos, «la mayoría son recordados como ladrones y, entonces, yo no robo porque no quiero ser recordado como el ladrón o el corrupto». Añadió que espera ser recordado como el presidente que «no robó y que no dejó que nadie robara y al que lo hizo lo metió en la cárcel».
El fiscal general, Rodolfo Delgado, publicó en su cuenta de X que «en el nuevo país que estamos construyendo, nadie está por encima de la ley», y reafirmó que «no nos vamos a detener, seguiremos trabajando en equipo». Por su parte, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, miembro del partido Nuevas Ideas, subrayó que «muchos que se creen intocables sabrán que la guerra contra la corrupción es una realidad».
En junio de 2021, la Fiscalía de El Salvador decidió poner fin al convenio de cooperación con la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en El Salvador (CICIES) firmado en diciembre de 2019 con la Organización de Estados Americanos (OEA) por el entonces fiscal general, Raúl Melara, que fue destituido por la Asamblea Legislativa el 1 de junio de 2021.
Bukele decidió poner fin a la CICIES, después de que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, tuviera como asesor al exalcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt, que actualmente se encuentra preso y enfrentará juicio el próximo 24 de mayo, acusado de apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias e incumplimiento de deberes.
El EEUU sancionó en 2021 a dos funcionarios del Gobierno de Bukele incluyéndolos en la Lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos, por considerar que están involucrados en posibles actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos. En estos casos, la Fiscalía de El Salvador no ha abierto ninguna investigación.
Uno de los sancionados es el ministro de Trabajo, Rolando Castro, a quien EEUU lo sanciona por apropiación indebida de fondos públicos para su propio beneficio, por la manipulación de sindicatos con fines políticos personales y a favor del Gobierno de Bukele. El otro es el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, al que el Departamento del Tesoro señala de obstaculizar las investigaciones sobre posibles malos manejos de fondos públicos utilizados por el Gobierno para atender la emergencia del Covid-19.
Ese mismo año, el Gobierno de EEUU también sancionó a otros funcionarios por supuestos vínculos con la corrupción, entre ellos, la jefa de Gabinete del Gobierno de Bukele, Carolina Recinos, a quien señalaron de realizar adquisiciones sospechosas en la construcción de un hospital, además de ordenar a varios ministros para que autorizaran varias compras sospechosas relacionadas con la pandemia.
También fue señalado el viceministro de Justicia y Seguridad Pública y director de Centros Penales, Osiris Luna Meza, quien ha sido incluido en la Lista porque «ha incurrido en importantes actos de corrupción relacionados con contratos gubernamentales y sobornos durante su mandato». Asimismo, fueron sancionados los exministros de Seguridad Rogelio Rivas y de Agricultura y Ganadería Pablo Anliker.
Sin referirse a ningún funcionario en concreto, Bukele aprovechó el cuarto aniversario de su mandato, en junio de 2023, para declarar la guerra contra la corrupción, comparando la corrupción con las pandillas, ya que ambas «tienen tentáculos en todos los niveles del estado y no nos dejan invertir en soluciones y proyectos para la gente y mucho menos en grandes obras que nos permitan crecer más rápido y frenar el subdesarrollo en el que nos mantuvieron».
Además, anunció que, al igual que la megacárcel construida para las pandillas, denominada CECOT, también se levantará una prisión para los corruptos a quienes «incautaremos todo lo que tengan y haremos que devuelvan lo robado», aunque este proyecto aún no se ha puesto en marcha.