Cataluña limita los alquileres de temporada para evitar la evasión de límites de precios en áreas de alta demanda
Vicente 
El gobierno de la Generalitat de Cataluña ha aprobado recientemente un decreto de urgencia con el objetivo de detener la transferencia de contratos de alquiler permanentes al mercado temporal. Esta medida busca evitar que los contratos de alquiler temporal eludan la contención de precios estipulada en la Ley por el derecho a la vivienda a nivel estatal.
Se espera que todos los arrendamientos temporales y los de habitaciones estén sujetos a los límites de precios establecidos para las áreas tensionadas. Sin embargo, se harán excepciones para aquellos contratos que tienen fines de ocio, vacaciones o recreativas.
Este cambio normativo se hizo público justo antes de las elecciones autonómicas del 12 de mayo. Bajo esta nueva normativa, se requiere que los documentos contractuales detallen el motivo de la temporalidad. Además, se establecen multas que oscilan entre los 3.000 euros y los 900.000 euros en caso de que se detecten infracciones.
La consejera de Territorio, Ester Capella, hizo este anuncio en una conferencia de prensa después de la reunión semanal del ejecutivo presidido por Pere Aragons. Su departamento busca poner fin a la «evasión de la ley» en los arrendamientos de 31 días a 11 meses que evitan la contención de rentas.
Capella advirtió sobre el aumento en el trasvase de arrendamientos convencionales hacia los de temporada, especialmente desde que en marzo entraron en vigencia los topes en los precios. Según los datos de los anuncios en portales inmobiliarios, ya representan «un 30% en Barcelona».
El pasado 15 de marzo se implementó el límite a los precios del alquiler en 140 municipios catalanes donde se considera que el alquiler convencional está tensionado. De este modo, Cataluña se convierte en la única comunidad que ha empezado a aplicar esta medida.
Para «tapar todos los agujeros de la ley estatal», el Govern había manifestado su intención de regular las rentas de carácter temporal. Finalmente, el Ejecutivo optó por tramitarlo como un decreto de urgencia tras el adelanto electoral que Aragons hizo a mediados de marzo al ver tumbados sus Presupuestos para este año.
Aunque el decreto entre en vigor una vez se publique en el Diario Oficial de la Generalitat, la Diputación permanente del Parlament deberá validarlo o rechazarlo en los próximos días, por lo que Esquerra Republicana deberá buscar apoyos.
Esta medida refleja la preocupación del gobierno de la Generalitat por la creciente tensión en el mercado de alquiler y su compromiso con la protección de los derechos de los inquilinos. Sin embargo, todavía está por ver cómo se aplicará esta nueva normativa y cuál será su impacto en el mercado de alquiler catalán.