
En una reciente reunión de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hizo una firme defensa de la unidad de España. Su discurso, que se centró en la idea de que «toda España es de todos los españoles, residan donde residan», fue un claro desafío al presidente de Cataluña, especialmente en ausencia de los tres barones del PSOE.
Durante su intervención en el Senado, Ayuso recordó a Pere Aragonès, presidente de Cataluña, que el artículo 2 de la Constitución consagra la «indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles». Por tanto, afirmó que los catalanes no tienen más derechos sobre su territorio que cualquier otro español, ya sea de Almería o de La Coruña.
Ayuso criticó a los independentistas que buscan «seguir dividiendo a los españoles y a todos los catalanes» y acusó al Gobierno de «hacer bandera del frentismo, de la mentira y de traicionar el mandato de las urnas y de la Constitución». En su visión, se está produciendo un «golpe contra la unidad nacional, la democracia y el Estado de Derecho» que será «imparable si no reaccionamos a tiempo». La presidenta madrileña también señaló que el presidente Sánchez ha iniciado un «proceso constituyente sin estar legitimado para ello».
En su intervención, Ayuso presentó cifras sobre las consecuencias económicas de una hipotética independencia de Cataluña. Según sus datos, la nueva nación nacería con una deuda que superaría los 342.000 millones de euros, equivalentes al 120% de su PIB. Adicionalmente, habría un déficit de más de 4.300 millones de euros en las pensiones, lo que supondría que casi 240.000 pensionistas catalanes dejarían de recibir esta prestación si España dejara de aportar a la Seguridad Social catalana.
La presidenta de Madrid también criticó duramente al Gobierno, acusándolo de «blanquear el plan criminal de ETA» y permitir que los condenados por malversación y sedición redacten leyes. También expresó su preocupación por el hecho de que las decisiones del Gobierno estén siendo dictadas desde Suiza o Bélgica por un prófugo de la justicia. Ayuso finalizó su intervención asegurando que «los secesionistas sólo necesitaban de un Gobierno débil y ahí lo tienen, a sus pies».
Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, también apuntó al presidente del Ejecutivo durante su intervención. Criticó a Sánchez por hacer lo contrario a «establecer igualdad de derecho haciendo leyes para todos». Mañueco defendió a los catalanes no independentistas, a quienes «se les dice que se preparen para ser extranjeros en su propia tierra y que acepten su servidumbre» ante quienes les imponen «su pensamiento xenófobo».
Fernando López Miras, presidente de Murcia, centró su intervención en la defensa de la igualdad y calificó a la amnistía como «un virus troyano» contra la democracia. Jorge Azcón, presidente de Aragón, proclamó que serán rebeldes en la defensa de la igualdad de todos los españoles.
Por su parte, el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, criticó la actitud del Gobierno, que a su juicio muestra «paternalismo» y «soberbia». Finalmente, María Guardiola, presidenta de Extremadura, concluyó que con Sánchez, «la verdad se convirtió en un acontecimiento póstumo».
La reunión contó con la presencia de representantes de diversas comunidades, incluyendo Andalucía y Galicia. Sin embargo, sólo Cataluña envió a su presidente, mientras que las tres regiones que gobierna el PSOE – Navarra, Castilla-La Mancha y Asturias – declinaron defender su postura en el Senado.