
En el mundo laboral, hay diversas formas de obtener un empleo público, incluyendo las oposiciones, pero también existen otros métodos menos convencionales, como el denominado «a dedo». Un claro ejemplo de este último es el caso de Álvaro Sánchez Manzanares, quien recientemente fue destituido de su puesto como secretario general de Puertos del Estado, pero no despedido.
Sánchez Manzanares fue acusado de mentir a los investigadores del denominado caso Koldo. Su destitución fue anunciada por el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien señaló que Sánchez Manzanares había firmado una respuesta a los investigadores que no se correspondía con los hechos. Sin embargo, su despido no se produjo. La pregunta que surge es: ¿Por qué un directivo de un grupo público no es fulminantemente despedido por mentir a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif) de la AgenciaTributaria? La respuesta es simple: «Porque tiene plaza consolidada. No podrá seguir como directivo, pero sí en otro puesto», según fuentes de Puertos del Estado.
En efecto, Sánchez Manzanares disfrutaba de una «plaza consolidada» en una empresa del Estado, en un cargo de libre designación. Su puesto de secretario general fue incluso creado para él tras el regreso al poder de su partido, el PSOE, en 2018, lo que le convirtió en el número dos de Puertos del Estado. De hecho, Sánchez Manzanares fue el primer ejecutivo de la entidad hasta finales de 2021, dada la efímera y limitada dedicación de los presidentes que se sucedieron desde 2018: Ornella Chacón, Salvador de la Encina y Francisco Toledo.
Sánchez Manzanares comenzó su carrera en Puertos del Estado en 2009, cuando fue nombrado director de relaciones institucionales e innovación tecnológica. En aquel entonces, el presidente era Fernando González Laxe, quien le otorgó un contrato que convertía ese puesto de confianza y libre designación en un seguro vitalicio. Si un día llegaba otro presidente y quería destituirlo, tendría que asignarle otro puesto. Con ese contrato se encontró el nuevo presidente de Puertos del Estado con el Gobierno del PP, José Llorca, quien no pudo despedir a Sánchez Manzanares y optó por reubicarlo en el gabinete jurídico.
Sánchez Manzanares fue ascendido a secretario general en 2018, pese a no ser abogado del Estado, lo cual es habitual en empresas públicas relevantes. Su papel en la adjudicación fue el más relevante en Puertos del Estado, ya que, aunque él mismo dejó claro que fue el Ministerio el que escogió a Soluciones de Gestión para que se llevara el pedido de 20 millones de euros en mascarillas, él tuvo que ejecutar el procedimiento.
A pesar de todo, Sánchez Manzanares sigue manteniendo su plaza consolidada, lo que le permite decidir si quiere continuar en otro puesto de menor rango o buscar otras posibilidades de trabajo. Según veteranos de Puertos del Estado, durante la etapa de González Laxe se produjeron otros casos similares a los de Sánchez Manzanares, lo que suponía convertir prácticamente en funcionarios a las personas de su confianza que se situaban en la empresa estatal.
Una señal de que el cargo de secretario general fue hecho a medida para Sánchez Manzanares es que su sucesor, Álvaro Rodríguez Dapena, no lo ha sustituido y es posible que el puesto quede amortizado. A pesar de las circunstancias, Sánchez Manzanares parece estar contento con mantenerse en su puesto en Puertos del Estado, como confesó hace unos meses a Koldo García, quien es considerado su asesor.